Paquito el de Cuba.- Parecería que a la mayoría de la dirigencia y el funcionariado cubano todavía les cuesta trabajo —o no les conviene en algunos casos— articular en público las palabras lesbianas, gay, bisexual, transexual u otras que guardan relación con las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género.

Fue esa una de las conclusiones que reafirmé con mi participación la semana pasada como delegado en el Séptimo Congreso Cubano de Educación, Orientación y Terapia Sexual, en calidad de activista del grupo Humanidad por la Diversidad (HxD).

Más allá de lo provechoso del aprendizaje en esta cita científica, a partir del intercambio de experiencias internacionales y nuestras en el campo académico e incluso en el activismo por los derechos sexuales, afloran todavía prejuicios y poca autocrítica entre no pocos de quienes deberían implementar la política contra la discriminación en el Estado cubano.

Solo así es posible explicar que en un panel sobre políticas públicas, educación integral de la sexualidad y promoción de salud sexual intervinieran representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y de cuatro ministerios — estuvieron Cultura, Salud, Interior y Educación, y no asistió el de Trabajo y Seguridad Social, a pesar de estar en el programa— y en ninguna intervención hubiera una mención expresa a la diversidad sexual.

Y lo escribo aquí porque allí lo manifesté públicamente, al intervenir como asistente y sugerirles el aterrizaje que de su parte necesitamos para de verdad avanzar en el cumplimiento de la política del Partido Comunista de Cuba al respecto.

La mayoría de los asuntos que plantearon a nombre de esas instituciones y de la organización femenina versaron alrededor de programas, proyectos, comisiones, mecanismos, compromisos, estrategias, manuales, documentos; y en el mejor de los casos, bajo el disfraz eufemístico de términos como múltiples discriminaciones, políticas inclusivas, u otros similares, desaparecían los problemas concretos y las palabras innombrables que nos afectan y definen a quienes no somos heterosexuales.

El funcionario de Salud Pública habló de la baja tasa de fecundidad, del envejecimiento poblacional en Cuba, de la demanda insatisfecha de reproducción asistida y de las 200 mil parejas que tienen dificultades para tener descendencia. Pero nunca supe si ahí incluían a las lesbianas que quieren tener hijos o hijas, y que ni siquiera necesitarían técnicas de alta tecnología para ello.

El experto del Ministerio de Educación mostró las imágenes de unos folletos muy generalistas para la educación sexual en los diferentes niveles de enseñanza. Pero nunca supe si ahí incluían cómo prevenir y enfrentar el acaso escolar o bullying en las escuelas contra niñas, niños y adolescentes con orientaciones sexuales e identidades de género que no concuerdan con la norma hegemónica.

La compañera de la FMC hizo la historia pormenorizada de la organización y sus logros. Pero nunca supe cuál es la postura de esa organización por el retraso interminable de la presentación al Parlamento de una nueva ley del Código de Familia, de cuyo proyecto en teoría es la principal impulsora.
Pero hubo otra sesión con una coincidencia aún más desafortunada.

De pronto vi en programa dos conferencias sobre demografía. Una por el doctor Carlos Javier Echarri Cánovas, de México. Y la otra, bajo el pomposo título de Población, salud y derechos sexuales y reproductivos, del doctor en ciencias Juan Carlos Alfonso Fraga, de Cuba.

Fue lindo, muy lindo, escuchar allí al presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía, quien expuso los datos oficiales del Censo del 2010 donde aparecieron las estadísticas de las parejas homosexuales que declararon su convivencia.

Fue duro, muy duro, acto seguido oír a quien fuera el jefe del Censo del 2012 en Cuba, la investigación que a pesar de nuestras oportunas alertas meses antes de su realización —y hasta una temprana conversación con él mismo durante el anterior Congreso de Sexología—, no quiso contar a las parejas homosexuales que así lo quisieran declarar, incluyendo el escándalo de la vergonzosa tachadura en el manual para los encuestadores.

Lo peor fue escuchar al funcionario cubano, quien es director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo en la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, perorar sobre lo difícil que es hablar de derechos sexuales hoy en el mundo, y que si el Consenso de Montevideo o patatín y patatán, mientras presumía de las presuntas posturas progresistas que dice defender en todas esas reuniones internacionales de especialistas a donde viaja en nombre de Cuba.

Ni una alusión a lo que no logró el Censo cubano dos años después del mexicano. Ni una leve autocrítica o distanciamiento desde su supuesta experticia, pues al fin y al cabo, ni tan siquiera creo que Alfonso Fraga fuera el único responsable o quien tomó la última decisión en aquel costoso y evitable error.

Por eso pedí la palabra. Agradecí al demógrafo mexicano su presentación, en particular por reflejar las estadísticas sobre las familias compuestas por parejas homosexuales. Recordé lo que nos sucedió a nosotros en el 2012, y como incluso nos acusaron de majadería a quienes desde el activismo pedimos y actuamos para reflejar esa realidad en el estudio demográfico.

Entonces le pregunté sobre la complejidad técnica que tuvo colectar esos datos en México.

Ninguna, fue su respuesta amable y risueña, sentado al lado del doctor en ciencias Juan Carlos Alfonso Fraga. Solo hubo que inhabilitar una opción a la hora del procesamiento o limpieza de la información estadística, para que el programa informático no contabilizara como un error cuando dos personas del mismo sexo declaraban ser una pareja, explicó Echarri Cánovas. Así de simple.

Puedo imaginar que al jefe del Censo 2012 en Cuba tal vez no le gustó mi pregunta, ni tampoco la respuesta que me dieron, al ponerlo quizás en evidencia ante tan selecto público. Pero quienes dirigen y toman decisiones en nuestro país tienen que aprender, de una vez y por todas, que el activismo contra la homofobia va en serio.