Red Semlac.- Cuba es el país con mayor avance en legislación y marcos políticos para dar cumplimiento al Consenso de Montevideo en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos en la región, trascendió durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú.

El encuentro sesionó del 7 al 9 de agosto y dio seguimiento al acuerdo intergubernamental más importante firmado hasta ahora en el área en cuanto a población y desarrollo, y que constituye además un referente internacional en el impulso de la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

Asimismo, sirvió de escenario para el lanzamiento del Informe del Monitoreo Social de los Compromisos en derechos sexuales y derechos reproductivos del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo-2017, y la plataforma virtual "Mira que te miro".

Esta última iniciativa de monitoreo social permite, a partir de los datos del informe, mirar, analizar y comparar los avances en legislación, políticas, estrategias y programas en 23 países de la región.

El monitoreo abarca 11 temas específicos: derechos sexuales y derechos reproductivos, laicidad, educación integral en sexualidad, servicios de salud sexual y reproductiva, servicios amigables para jóvenes y adolescentes, servicios de aborto seguro, prevención de la mortalidad materna, parto humanizado, prevención y tratamiento para VIH/sida, atención especializada a víctimas de violencia de género y rendición de cuentas.

Según el documento, tuvo en cuenta nueve categorías de análisis, como el marco legal, las barreras legales, el marco político, programático, operativo, la capacitación, los recursos etiquetados, los sistemas de denuncias y las campañas.

Las principales brechas para Cuba se presentan en el tema de rendición de cuentas, ya que no se cuenta con un claro mecanismo o ley de acceso a la información pública. De ahí que se recomienda en el informe que el país mejore los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que permitan que la ciudadanía tenga acceso a documentos y estadísticas públicas.

De igual forma, se le recomienda garantizar que haya un presupuesto etiquetado para las diferentes áreas de salud sexual y derechos sexuales y reproductivos.

Para Lilián Abracinskas, profesora y activista feminista uruguaya, y parte del comité impulsor de "Mira que te miro" en representación de la Red de Salud de las Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, "esta plataforma nos recuerda que llegamos aquí luego de 30 años de movilización social tratando de impulsar cambios normativos y políticos" y "a la vez nos alerta sobre cuál es el estado del arte entre los distintos componentes de la salud sexual y reproductiva y entre los distintos países de América Latina y el Caribe".

Advirtió que Centroamérica y el Caribe es la región más rezagada en términos de los contenidos que asumieron las naciones como parte del Consenso de Montevideo.

"Tenemos muchas veces avances normativos, pero no tenemos ni presupuestos etiquetados, ni recursos asignados, ni sistemas de información fuertes, ni mecanismos o indicadores que den cuenta de dónde están los avances, obstáculos y vacíos", alertó la activista.

Al respecto, mencionó que "Mira que te miro" adoptó la categorización de los países en un sistema de semáforos. El verde oscuro indica que la legislación y los marcos políticos están perfectos y donde no hay ningún país; el verde claro da cuenta de que los marcos normativos o políticas y programas están más avanzados; el amarillo, que existen diferencias o distancias; los naranjas, que la situación es preocupante y los rojos, alarmante.

"Justamente, el elemento donde hemos encontrado rojos alarmantes ha sido en términos de laicidad de los Estados. Solo ocho países de la región tienen reconocida la laicidad a nivel constitucional y ello es muy preocupante", apuntó la experta.

En este aspecto, el informe analizó el carácter del Estado en cuanto a su definición y a la invocación y uso de símbolos religiosos en sus normas e instituciones, la garantía de derechos analizando aspectos como educación laica, libertad de conciencia, no discriminación y las relaciones Estado-religión (en registros, financiamiento, etc.). El análisis muestra que en varios países el carácter del Estado sigue teniendo un fuerte peso de la religión, particularmente en Centroamérica.

"En lo que concierne a la garantía de los derechos, el resultado es más positivo. Sin embargo, aún hay países donde la falta de laicidad puede provocar importante interferencia en asuntos que deberían ser de consideración meramente de los gobiernos, como es el caso de los servicios de salud sexual para adolescentes o el acceso al aborto seguro. Pocos son aún los países donde las relaciones Estado-iglesias están claramente diferenciadas, por lo que existe una amplia ventana de oportunidad para reforzar el marco legal al respecto", sostiene el informe.

Solo 13 de los 23 países cuentan con un programa de Educación Integral de la Sexualidad (EIS); y la mitad tiene contenido curricular que no incluye de manera adecuada contenidos de género, derechos sexuales y diversidad sexual.

Esto, a pesar de que toda la región se comprometió a mejorar estos rubros cuando se adoptó en 2008 la Declaración Ministerial Prevenir con Educación.

Apenas seis de los 23 países asignan recursos específicos para EIS, solo cinco han realizado campañas de difusión y apenas la mitad tiene programas de capacitación a docentes, los cuales, en su mayoría, se centran en docentes en ejercicio y no en formación, apunta el documento.

La profesora uruguaya insiste en que, en términos de información, ningún país tiene sistemas de información que publiquen periódicamente y que den cuenta de cómo se respetan, por ejemplo, los derechos sexuales.

"El aborto es la gran señal roja. Solo tres países de la región reconocen el aborto por voluntad de la mujer, y esos mismos no tienen campañas que promuevan estos servicios, sino que son una suerte de servicios no difundidos, no se promueve su uso, hay desinformación y, por tanto, hay desigualdades enormes de acceso", expresó.

"El gran drama en la región es no llevar campañas de promoción de derechos, además de la escasa rendición de cuentas. Si bien casi todos los países tienen ley de acceso a la información, lo cual usamos en la plataforma como recurso de acceso para obtener los datos que buscábamos, los mecanismos de diálogo entre sociedad civil y Estados para el Consenso de Montevideo que avala y apoya esta agenda son muy débiles. No encontramos tampoco datos donde podamos ver cuánto del presupuesto nacional se destina a esta agenda", dijo.

La implementación de este Consenso es el mayor déficit, porque sabemos que hay una brecha entre lo que los países se comprometen normativamente a hacer y lo que efectivamente hacen.

"Es en esa implementación donde están las desigualdades, porque muchas veces tenemos respuesta en centros urbanos pero no rurales, o para mujeres educadas pero no con niveles socioeducativos bajos. Sabemos qué le pasa a las familias tradicionales, pero desconocemos qué ocurre con las otras formas de familia, y además la desagregación de datos no siempre tiene identidad de género, orientación sexual, edad, etnia, raza, etcétera", comentó la feminista.

"De lo que hablamos acá no es de imposición de una forma de vida, es el reconocimiento de formas de vida e identidades que han sido ignoradas, negadas, violentadas, silenciadas durante mucho tiempo y eso genera injusticias enormes. La plataforma es una contribución más al diálogo, para exigir lo que tenemos el derecho de exigir como ciudadanía plena", expresó.

"Mira que te miro" contó con el apoyo de ocho redes regionales, 125 organizaciones nacionales y muestra que todos los países tienen áreas donde podrían mejorar sus leyes, programas y estrategias en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos.

Aborto y rendición de cuentas son las áreas en las que existen más deficiencias, mientras que prevención de mortalidad materna y VIH/sida son las que muestran mayor avance en el cumplimiento de los compromisos.

Como los derechos sexuales y reproductivos están basados en los derechos humanos, la gran mayoría de los países los reconoce en sus marcos legales (incluyen el derecho a la participación, a la igualdad, a la no discriminación, a decidir si casarse o no y a formar y planificar una familia), apunta el documento.

Pero, pese a que todas las naciones contemplan el derecho a casarse, solo cinco admiten el matrimonio igualitario y otros dos, la unión civil. Así mismo, si bien todos profesan el derecho a la vida, en nueve países de los 23 se reconoce la vida desde la concepción, limitando el derecho a la autonomía corporal y a la vida y la salud de las mujeres.

Por otra parte, un importante reto se presenta en naciones del Caribe donde aún se penalizan las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. A pesar de los avances, se evidencian barreras en cuanto al rol activo de los Estados en la implementación y difusión de los derechos

Además, de acuerdo con el informe, la región está rezagada en sistemas de denuncia para la violencia obstétrica, pues más de la mitad de los países no cuenta con los mecanismos de sanción adecuados.

La mitad de los países carecen por completo del rubro de capacitación, fundamental para brindar servicios de parto humanizado.

En temas como el VIH, el texto señala que países como Cuba y Costa Rica han tenido un avance crucial en la prevención de la transmisión vertical del VIH, pero en casi la mitad del resto los protocolos no plantean acciones contundentes para la eliminación de esta forma de transmisión.

Este ejercicio de monitoreo se repetirá cada dos años, lo cual permitirá dar un seguimiento puntual a los avances o retrocesos en cada uno de los países.