Editorial de El Espectador (Colombia).- Lo más difícil del debate sobre la relación diplomática con Cuba es que parece que el Gobierno de Iván Duque se encuentra en una realidad alterna, totalmente disímil, de la de sus críticos. Pese a las muestras de buena voluntad desde la isla, y sabiendo que es probable que el rechazo a ella desde Estados Unidos cambie con la presidencia de Joe Biden, tanto el presidente como sus subalternos insisten en una posición irresponsable con uno de los principales aliados del proceso de paz.
Es lamentable que el Ejecutivo colombiano haya decidido atrincherarse en una interpretación inaceptable de lo que ocurrió, ayudando a estigmatizar al gobierno cubano y creando un enemigo imaginario en la mente de los ciudadanos.
La principal muestra de esa realidad alterna la dio Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, en entrevista para El Espectador. Sin atisbo de duda, cuando se le preguntó por los protocolos firmados entre el Gobierno colombiano y Cuba, dijo algo francamente incomprensible. Según Ceballos, “hay que explicarle al país que los protocolos no fueron un compromiso de Estado. Nunca el gobierno del presidente Santos consultó al poder Legislativo o al poder Judicial. Tomó una iniciativa desde el Ejecutivo, por tanto esos protocolos, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no son vinculantes”. ¿Desde cuándo un presidente de la república actúa a nombre propio y no en representación del Estado que lo eligió para ese cargo? Más aun en un tema tan delicado como construir un diálogo de paz que cuente con garantes internacionales serios.
No podemos compartir la tesis de Ceballos y de la administración de Duque. Han empleado todas las maromas retóricas que tienen a su disposición, pero la realidad es muy sencilla. Estos son los hechos: después de un proceso exitoso con las Farc, el presidente de Colombia acordó con dos garantes internacionales unos protocolos. Al hacerlo, hizo una promesa, no como si se tratara de Juan Manuel Santos, el individuo, sino el representante de un Estado que dice cumplir su palabra. ¿Desde cuándo solo son vinculantes las decisiones que pasan por el Legislativo y las Cortes? Nos parece una tesis amañada y peligrosa para las relaciones internacionales.
La verdad es que ningún acuerdo de paz, ninguna negociación, puede darse sin reglas claras para lo que ocurrirá si se van al traste. Cuando Colombia, como Estado, elige incumplir ese pacto, está traicionando su promesa, sea cual sea la razón. Nunca defenderemos el actuar del Eln, una guerrilla arrogante, violenta y que le sigue haciendo mucho daño al país; pero ese no es el debate en este caso.
El presidente, Iván Duque, insistió en que “nosotros, como Gobierno, y las autoridades judiciales de Colombia, hemos solicitado la extradición de quienes cometieron, ordenaron y sabían de esas conductas. Por lo tanto, no claudicaremos en esa solicitud de extradición”. Lo que está pidiendo es que Cuba rompa una promesa bajo esa tesis extraña que venimos discutiendo. Esto, a pesar de que la isla le avisó a Colombia de que se enteró de un posible atentado del Eln.
Si la administración Duque dejara un poco su resistencia a los procesos de paz y su animosidad hacia el presidente pasado, podría ver que Cuba es un aliado útil. También podría dejar de defender tesis extrañas sobre cómo operan los Estados.
