Prensa Latina.- Entre enero y mayo de 2023 las denuncias por secuestros en Ecuador se triplicaron y al menos una masacre tuvo lugar cada día en el país, según cifras que divulgan hoy medios nacionales.

Un informe publicado por la emisora Radio Pichincha indica que desde enero hasta el 11 de junio (162 días) de este año, se han registrado 193 matanzas, lo cual implica que en el mismo lugar al menos tres personas fueron asesinadas.

Aunque los hechos de ese tipo ocurren en todo el territorio nacional, la situación en la provincia de Guayas es escalofriante, pues allí en los últimos seis meses se reportaron 94 masacres.

La ciudad de Guayaquil, en la mencionada provincia costera, es considerada un bastión de la violencia, recrudecida con coches bomba, motines carcelarios, cadáveres desmembrados y colgados de puentes, extorsiones y secuestros.

El jefe regional de la Unidad Antisecuestros de la Policía (Unase), Óscar Salguero, señaló al diario El Universo que en lo que va del año liberaron a más de 70 secuestrados, casi 60 más que en 2022.

A la par aumentan las extorsiones a empresarios y dueños de negocios, unas dos mil 700 denuncias de este tipo recibió la Policía este 2023.

Ecuador vive una ola de inseguridad que el Gobierno atribuye al auge del narcotráfico y a las disputas de bandas criminales por el control del tráfico de drogas.

El 2022 cerró con 25 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, cifra más alta de la historia en el país.

Sin embargo, esos números podrían ser superados porque en el primer trimestre de 2023 hubo un incremento del 66 por ciento de los homicidios.

Si continúa la tendencia, terminaremos el año con una tasa de 34 muertes violentas, con seis mil 300 asesinados, apuntó el general en servicio pasivo de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla.

El Gobierno del presidente Guillermo Lasso, ante la escalada del crimen, adoptó medidas, como la autorización del porte de armas para civiles y el permiso para que policías y militares actúen con todos los medios a su disposición contra quienes consideren terroristas.

No obstante, expertos y la ciudadanía consideran necesaria una estrategia integral, con inversiones tanto para facilitar el trabajo de la fuerza pública como para atacar las causas de la problemática, con más empleo, salud y educación.