David Rodríguez -Presidente de la Asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí- Cubainformación.- En la convocatoria de Proyectos de Sensibilización de la Generalitat Valenciana (GVA) del 2010, la Fundación Hispano Cubana ha recibido la suma de 36.000 euros para desarrollar el proyecto titulado “Gobernabilidad para la democracia y el desarrollo, disidencia y sociedad”. La Consellería de Solidaridad y Ciudadanía, dirigida actualmente por el Conseller Blasco, lleva varios años financiando proyectos a esta fundación ligada al Partido Popular y a la Fundación Cubano Americana de EEUU, organización de extrema derecha vinculada a las organizaciones terroristas de Miami que en estos últimos cincuenta años han causado más de 2000 muertos y 3000 heridos al pueblo de Cuba. El PP y la Fundación Cubano Americana poseen, desde los tiempos de Aznar y Mas Canosa, una larga trayectoria en común de agresiones a Cuba y a su modelo de organización socio-económico.

Desde 1996 hasta 2009 la GVA ha financiado con un total de 550.032,44 €, distribuidos en 4 proyectos a lo largo de estos años, titulados “Educación y formación para la sociedad Cuba 2001” (183.309,00 €, año 2000), “Convenio cofinanciación de proyectos de educación y formación en Cuba” (156.263,00 €, año 2000), “Desarrollo cívico: Cuba 2002-2003” (73.600 €, año 2002), “Promoción socio-cultural en Cuba 2008-2010” (136.860,00 €, año 2008). Estos proyectos han sido financiados hasta ahora desde las partidas presupuestarias de Cooperación al Desarrollo, con argumentos de dudosa credibilidad en materia de cooperación. Estos proyectos han permitido costear a periodistas y conferenciantes, la edición de revistas y páginas webs, y el envío de dinero a Cuba de forma indirecta. En esta convocatoria del año 2010, ya dentro de la partida de Sensibilización, parece más evidente su intención: apoyar a la “disidencia” con 36.000 euros.

Ante esta decisión política del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, se desvelan las líneas de la cooperación valenciana y su utilización política contra Cuba. En primer lugar, financiar a una fundación que trabaja abiertamente para cambiar el gobierno y la Constitución cubanas, supone una voluntad de intervenir en los asuntos internos de otro país. Es decir, el hecho de financiar estos proyectos supone reconocer que se está apoyando económicamente a personas y grupos que conspiran contra otro país, lo que es un delito en todos los códigos penales del mundo. Cuando el gobierno cubano argumenta que los mal llamados disidentes no son más que mercenarios o agentes pagados directa o indirectamente desde el exterior, el gobierno valenciano debería ser consciente y asumir que forma parte de esta estrategia desestabilizadora contra Cuba.

En segundo lugar, el hecho de financiar este proyecto supone desconocer al gobierno cubano, sus leyes, su sistema social, su sistema electoral y de participación ciudadana. Financiar proyectos para que cubanos en el exterior o interior de Cuba se eduquen, se formen en la participación social, o desarrollen actividades socio-culturales resulta cuanto menos ridículo, cuando en Cuba la educación, la cultura y la participación social están a la orden del día y en unos niveles de países “enriquecidos”, a pesar de ser un país “empobrecido” y bloqueado por más de cinco décadas. Datos de Naciones Unidas así lo avalan, como numerosos países latinoamericanos, africanos y asiáticos lo reconocen.

Por otro lado, la política de cooperación valenciana excluye a Cuba como país priorizado en sus líneas de actuación. Pero de forma incoherente, el PP describe a Cuba como un país sumido en el subdesarrollo causado por el sistema de organización social y económico cubano, es decir, el socialismo. Estas acusaciones ocultan la realidad de Cuba, una realidad reconocida por los índices de desarrollo humano de Naciones Unidas y por la consecución de los Objetivos del Milenio propios y ajenos, contribuyendo con miles de médicos, maestros y otros técnicos a salir del subdesarrollo a más de 70 países.

¿Qué concepto de cooperación tiene el gobierno valenciano que pretende formar a futuros dirigentes en el exterior, diseñar cambios políticos y económicos o inducir a la rebelión en otro país? ¿O se pretende convencer a la sociedad valenciana de las maldades de la revolución cubana y las bondades del capitalismo español? ¿Creen que el capitalismo diseñado para Cuba es el capitalismo europeo, o en cambio será el capitalismo de Haití o de Honduras con previo proceso democratizador estilo Michelleti? ¿Y por quién y para quién, para la población cubana o para satisfacer los deseos de unos nostálgicos empresarios? El PP y el gobierno valenciano no aceptan que Cuba decida soberanamente su destino. Tal vez los recuerdos colonialistas y los intereses económicos de grupos de capitales valencianos y españoles sean los que están detrás de esta política agresiva contra Cuba.

Por último, esta política no es gratuita, y se enmarca dentro de la conjura mediática contra Cuba que en estos meses se ha endurecido intencionalmente para condicionar la política europea bajo la presidencia española (Moratinos había manifestado su voluntad de diálogo con Cuba y de revisar la política de la Unión Europea hacia Cuba, la denominada Posición Común, que impone condiciones al gobierno cubano para mantener cualquier tipo de relación).

Es evidente que el gobierno valenciano, alineado con la extrema derecha, financia proyectos con el fin de condicionar la política interna de otro país. Se trata de otra herramienta más en la agresión política e informativa contra Cuba. Con este tipo de actuaciones, los poderes económicos y políticos buscan generar estados de opinión en la sociedad valenciana que luego justifiquen las decisiones políticas del gobierno valenciano contra el pueblo y el gobierno de Cuba. Desde la sociedad civil valenciana debemos denunciar estas prácticas de cooperación que se fundamentan en una visión eurocentrista e injerencista, y que sigue viendo a Cuba como un país a quien se debe tutelar. La Generalitat Valenciana debe cambiar su política de cooperación hacia Cuba, y desarrollar proyectos de cooperación basados en el respeto a la soberanía de Cuba y coordinados con los agentes cubanos en la Isla, que por cierto, aseguran al máximo la sostenibilidad y continuidad de los proyectos una vez finalizada la financiación externa.