Vincenzo Basile - blog Desde mi Ínsula / Cubainformación - El pasado 9 de junio, el diario español El País publicaba un artículo firmado por Gabriel C. Salvia, director general del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), titulado “Esperando un gestico de Raúl Castro”.
El escrito, auténtica muestra de la concepción de las relaciones internacionales de muchos de los que se oponen a la Revolución cubana, pretendía llevar adelante la idea de que, a cambio de la flexibilización “del embargo económico a Cuba” y de la eliminación de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el Gobierno de la Isla debería poner en marcha una serie de “reformas políticas” como respuesta positiva a los “gestos concretos” del presidente estadounidense Barack Obama.
En particular, Gabriel C. Silva opinaba que Raúl Castro “tiene que ofrecer un gesto de su parte y este podría consistir en derogar la Ley 88”. Dicha ley, aprobada en febrero de 1999 por la Asamblea Nacional de Poder Popular de Cuba bajo el título “Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba”, como recuerda el mismo diario español, tiene el objetivo de “sancionar aquellos hechos dirigidos a apoyar (….) los objetivos de la Ley Helms-Burton, el bloqueo y la guerra económica contra nuestro pueblo, encaminados a quebrantar el orden interno, desestabilizar el país y liquidar el Estado Socialista y la independencia de Cuba”.
Según el diario El País, antaño conocido periódico de carácter progresista y hoy sometido a las líneas editoriales de grandes grupos de poder, el gesto del Gobierno cubano frente a la “apertura” del presidente Obama, manifestada a través de la eliminación de Cuba de la citada lista de países patrocinadores del terrorismo y la voluntad de poner fin de la política de bloqueo (ilegal según del derecho internacional y condenada por práctica unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas), debería ser – prácticamente – renunciar al derecho a la soberanía nacional y a la independencia.
Y es que, tal como parece, ningún periodista del citado diario español se ha tomado el trabajo de leer, ni una sola vez, el código penal de su propio País. En este caso, podrían enterarse de que también el Reino de España, reconocida y consolidada “democracia”, en su código penal, bajo el título “Delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado”, entre otras cosas, establece en el artículo 592 que “serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras”.
Habría entonces que preguntarles a estos profesionales de la información deformada si abogarían lo mismo para España y para la mayoría de las “democracias” del mundo occidental (cuyos códigos penales, en una forma u otra, tipifican y castigan los delitos contra la independencia del Estado) o si se trata solamente de un caso excepcional, aplicado exclusivamente a Cuba, un País pobre, bloqueado y estigmatizado, que debería aceptar su papel de inferior en el concierto de las naciones, renunciar a algo tan natural como sus derechos soberanos y arrodillarse frente a los potentes del mundo para poder tener relaciones – evidentemente asimétricas – con su vecino del Norte.
