Jaime Porcell Prado - Prensa Latina.- Nuevos tratados auspiciados por Estados Unidos, con el supuesto beneficio del desarrollo económico, ocultan la intención de entregar el poder a la empresas transnacionales y al mercado especulativo del financiamiento.

Esa es la verdadera intención de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), creada el 23 de marzo de 2005 por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México.

Cuando se realizan las reuniones de los máximos dirigentes políticos de los tres países, siempre están precedidas por un encuentro de los representantes de las principales empresas privadas de cada territorio.

Otros importantes invitados suelen ser millonarios, dueños de grandes firmas nacionales o representantes de grupos de poder económico.

Este estilo de las reuniones cumbres del Tratado de Libre Comercio de América del Norte se está convirtiendo en práctica común generalizada. Así se hizo en el último encuentro del G-7.

La función de los empresarios consiste en hacer recomendaciones en ellas para la protección de los intereses de las poderosas compañías.

El método busca cambios legislativos para facilitar aún más los negocios de las grandes empresas estadounidenses y es un ensayo para la aplicación posterior en todo el continente.

Indica el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de la organización social Acción Comunitaria, de México, que detrás de estos encuentros entre los presidentes de Estados Unidos y México y el Primer Ministro de Canadá existen motivaciones más profundas.

De especial interés son las medidas sanitarias para productos agropecuarios, las funciones de los servicios financieros, el comercio electrónico y de medicamentos y el movimiento mercantil.

El poder, concentrado en estos acuerdos y asociaciones regionales, socava las bases de la sociedad.

Cuestiones fundamentales, como la alimentación, la salud pública, la educación, la vivienda y el transporte, al privatizarse, dejan de ser asuntos de la población.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si un país, como sucede en Estados Unidos, permite la siembra y venta de alimentos transgénicos sin indicación en las etiquetas de los envases, esa práctica la pueden exigir las firmas en otras naciones. Un ejemplo de esto es el hecho de que después de concertado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, México no puede reducir de manera unilateral el suministro de petróleo a su vecino del norte.

Muchos de los acuerdos firmados, bajo el rótulo de “temas técnicos de comercio” no son difundidos. De tal modo, la firma de los decretos de implementación evita la revisión del poder legislativo y el conocimiento público. Las regulaciones adquieren el papel de leyes.

Severas limitaciones en la sanidad vegetal beneficiarán a las entidades dedicadas al negocio de los agroquímicos, dominado por las multinacionales estadounidenses.

Afirman las organizaciones sociales que en el caso de que las estipulaciones requieran de un cambio de leyes, la intención oculta llega a los poderes legislativos en forma de iniciativa, sin mencionar a la ASPAN.

Para decidir qué normas serán aplicadas en las naciones existe el Consejo de Competitividad de América del Norte, organismo dirigido por empresarios. Los funcionarios estatales se limitan a poner sus firmas después de tomados los acuerdos.

En tal contexto los recursos naturales como el agua, las tierras y los yacimientos minerales, y también la privatización de aerolíneas, ferrocarriles y otros medios de comunicación se ponen en manos de las multinacionales.

Palabra clave en estos tratados es la seguridad, entendida por muchos especialistas como la armonización del trato a los inmigrantes, los refugiados o los turistas extranjeros.

El fracaso de la Asociación de Libre Comercio para las Américas (ALCA) determinó un cambio estratégico que ahora adopta otros nombres, pero con iguales intenciones y recursos más peligrosos.

Garantizar el dominio de América Latina y el Caribe sigue siendo la motivación esencial de los nuevos tratados, con la finalidad de asegurar el control de la región para las empresas transnacionales de Estados Unidos ante la competencia de la Unión Europea y Japón.