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Los cubanos de Miami, aprenden rápido del sistema (I)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

(*) Escritor y profesor universitario. Es el autor, entre otros, del libro “Bajo las alas del Cóndor”, “La Operación Cóndor contra Cuba” y “Demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba”. Es colaborador de Cubadebate y Resumen Latinoamericano.

Los emigrados cubanos llegados a Miami, aprenden rápido del sistema y de las “bondades” del llamado sueño americano, con ingenio y creatividad se han insertado en los fraudes más socorridos, como los del Medicare y más reciente el del llamado Parol Humanitario de los inmigrantes isleños. Han revolucionado los métodos de defraudar al omnipotente Tío Sam.

Los casos de engañar, de esta manera, a las autoridades estadounidenses se acumulan desde hace años, en la mayoría están involucrados los pillos de origen cubano, que se han adueñado de los fraudes al Medicare, han dejado pálidos a los truhanes locales. Cada descubrimiento de lo actuado deja lecturas para prevenir nuevos intentos. Pero de repente la innovación de cómo volverlo a hacer, sorprende a los más capacitados y experimentados funcionarios encargados de velar por la higiene del sistema.

¿Cómo lo hacen, es la pregunta recurrente? Cuando se piensa que todo ha sido probado, intentado y descubierto, aparece un nuevo método y detrás los omnipresentes emigrados cubanos, quienes se han especializado en quebrar las medidas cada vez “más seguras” de protección del programa. Los delitos son más sofisticados, los ejecutan y después existe un entramado denso del crimen organizado, que lava lo defraudado, invisibilidad a los ejecutores, quienes se esfuman sin apenas dejas huellas y las sumas, casi todas multimillonarias, desaparecen en redes de bancos, inmobiliarias, empresas off shore en todo el mundo, que regresan los capitales lustrosos, libres de toda traza turbia e ilegal. 

Un caso que ilustra a los habilidosos delincuentes cubanos, aprendices expeditos del sueño americano, sin experiencia anterior en su país de origen, es el de los rápidos hermanos Benítez, quienes se convirtieron en maestros del fraude al Medicare, según los fiscales.

Invirtieron los millones, que estafaron al mencionado programa de asistencia, en mansiones estilo mediterráneo, apartamentos, hoteles, helicópteros, embarcaciones e incluso un parque acuático en la zona turística de Bávaro, República Dominicana, muestran documentos judiciales.

Después que fueron encausados bajo cargos de fraude, Carlos, José y Luis Benítez usaron sus pasaportes cubanos para viajar de Miami a República Dominicana.

Los tres están acusados de estafar al Medicare con la facturación de tratamientos de sueros contra el sida en su docena de clínicas en Miami-Dade. El programa pagó a sus empresas casi $84 millones entre el 2001 y el 2004, según las autoridades federales y documentos de la corte.

Los Benítez –quienes llegaron a Estados Unidos en 1995 y se hicieron ciudadanos cinco años después—no son los únicos profesionales de este delito, tienen mucha compañía. Están entre 56 fugitivos acusados de facturar fraudulentamente al menos $272 millones al Medicare antes de desaparecer. En conjunto, los fugitivos se llevaron por lo menos $142 millones en dinero de los contribuyentes, encontraron fisuras en el sistema y las utilizaron con creatividad.

Treinta y tres de los 36 fugitivos, sino es un record a considerar, es sin dudas un resultado destacado, que dice de la inventiva criminal de los emigrados en ese hábitat propicio y facilitador. Sus nombres han revelado que son inmigrantes cubanos y en su mayoría llegaron a Estados Unidos en los últimos 15 años, según documentos del FBI, Inmigración y de los tribunales. La mayoría de los aproximadamente 700 acusados de fraude al Medicare encausados desde el 2004 son inmigrantes que comparten una confianza implícita cuando se incorporan a pequeñas operaciones ilegales en el sur de la Florida para estafar al seguro federal de salud, según los propios acusados, fiscales e investigadores.

Según la agencia de preservar la ley y el orden en Miami, el fraude al Medicare ha crecido mucho en los últimos 10 años en ciertos bolsones de Condado Miami-Dade, donde viven 750,000 inmigrantes cubanos, como ha ocurrido en otras comunidades de esos inmigrantes en otras grandes ciudades.

Muchos ven al programa como una presa fácil para el fraude, porque se basa en un sistema de confianza, que paga rápido sus cuentas sin revisarlas mucho. Además, las probabilidades de que los sorprendan son pocas y las de hacer millones muchas. Un método en segmentos de la población de inmigrantes cubanos en Miami y Hialeah, es crear operaciones ilegales entre ellos mismos.

Están los proveedores inescrupulosos y los médicos que se prestan para delinquir, según la experiencia acumulada, esa es  la sensación existente al describir la situación del fraude al Medicare en Miami-Dade, No se piensa estar  cometiendo un delito, se ha hecho cotidiano estafar, falsear datos, inventar tratamientos, recetas falsas, pacientes falsos, toda una gama de vías y alternativas.

Otro caso de truhan precoz, es el de Eduardo Moreno, quien llegó a Estados Unidos en 1997. Este delincuente, entonces de 39 años, usó una red de oficinas para operar equipos médicos y transfusiones ficticias contra el VIH en Miami-Dade y estafar al Medicare por la cantidad de $7.2 millones con facturas falsas, según documentos judiciales. Se compró una casa $445,000 en el suroeste de Miami-Dade y un Rolls-Royce Phantom de $200,000. Cuando el FBI lo arrestó por cargos de fraude, pagó una fianza de $250,000. Moreno es uno de por lo menos 18 fugitivos identificados que se sospecha han escapado a países de América Latina, Europa, Canadá, Florida o destinos desconocidos, según información del FBI. Además, hay 20 fugitivos no identificados cuyos nombres no se darán a conocer hasta que los arresten.

En torno a este tipo de delito, se ha politizado, algunas autoridades estadounidenses del FBI, de manera falaz e incapaces de hacer su oficio han simplificado: “Una buena parte son cubanos y regresan a Cuba porque no hay una política de extradición y no tenemos manera de echarles mano ahora”. Omite de manera deliberada, que entre ambos países está vigente un acuerdo de cumplimiento de la ley, firmado después de restablecidas las relaciones bilaterales en diciembre de 2014. Entre los doce acuerdos firmados entre ambos países desde esa fecha, aparece una nota del Departamento de Estado, con fecha de 19 de enero de 2023, que divulga los resultados de las conversaciones estadounidenses-cubanas, para el cumplimiento de la ley. Consecuencia de las conversaciones llevadas a cabo en La Habana, entre los días 18 y 19 de enero del presente año. Precisa el informe, que autoridades de ambos países, sostuvieron Diálogos sobre el Cumplimiento de la Ley entre el 2015 y 2018, entre los temas tratados estuvieron terrorismo, tráfico ilícito de migrantes, fraude migratorio entre otros.

El 10 de julio de 2018, tuvo lugar en Washington, la cuarta reunión de las autoridades de los órganos de aplicación de la ley de Cuba y Estados Unidos, que fue continuación de la efectuada en la misma ciudad el 15 de septiembre de 2017. Es evidente, que existen los mecanismos bilaterales apropiados para encauzar cualquier reclamación sobre lo sindicada presencia temporal de defraudadores del Medicare en la Isla.

La voluntad política de sucesivas administraciones estadounidenses, empeñadas en derrocar el sistema político de un país, libre, soberano e independiente a noventa millas de sus costas, hace que la toma de decisiones ejecutivas tome en consideración esas aspiraciones para dictar sentencia judicial y migratoria. El caso del terrorista confeso de origen cubano Ramón Saúl Sánchez Rizo, es de estudio. Conocido por la larga lista de actos de terror cometidos desde hace más tres décadas, las investigaciones de varias agencias estadounidenses encargadas de hacer velar la ley, coincidieron en su peligrosidad, todo lo cual hizo que se declarara su orden de deportación a Cuba, por sobradas razones, sin embargo el 27 de junio de 2023, una corte reconoció su derecho al retiro laboral y la asignación de Medicare, lo cual obstaculiza la aplicación de la sentencia de deportación.

El 11 de septiembre de 1974 en la ciudad de Newark, New Jersey, un grupo de terroristas de origen cubano crean, inspirada en el golpe fascista chileno, la organización Omega-7, que comenzó de inmediato a emplear al terrorismo como método para alcanzar sus propósitos políticos. Sus integrantes procedían de grupos violentos como el llamado Movimiento Insurreccional Martiano, MIM; el Movimiento Insurreccional de Recuperación Revolucionaria, MIRR y el Movimiento Nacionalista Cubano, MNC. Omega-7, ha sido considerado como el brazo armado del MNC, pero en realidad actuó de forma independiente, aunque con nexos cercanos a las organizaciones mencionadas y con otras radicadas en Miami, que le proporcionaron asesoría, armas y explosivos. El citado Sánchez Rizo, conocido por Ramoncito Sánchez, fue uno de los entrenadores de Omega-7, según documentos secretos estadounidenses desclasificados de varias agencias encargadas de la ley y el orden.

Una bomba fue preparada por el terrorista Saúl Sánchez Rizo y Lino González, Esta descripción aparece en el documento del FBI No. 11217-11221 del 6 de octubre de 1982, redactado por el detective Robert Brandt y el agente especial Larry E. Wack y obra en el expediente NY 185-1009.

Era de alto poder explosivo preparada para ser detonada por medio de un sistema complejo de control remoto, después de ser colocada en el auto en que se movilizaría el Presidente cubano Fidel Castro Ruz, durante su visita a la sede de la ONU en Nueva York. Los conjurados fracasaron en el intento por la protección dada al visitante. La bomba fue la misma, que se utilizó después, para intentar asesinar al Embajador cubano ante la ONU en marzo de 1980.

Según el jefe de Omega-7, el criminal Eduardo Arocena, el beneficiado de Medicare, Sánchez Rizo, es un “hombre muy peligroso”, tenía entonces en su poder varias bombas para ser detonadas por control remoto.El fraude al Medicare, delito privilegiado por los emigrados cubanos en Estados Unidos, tiene  ramificaciones no estudiadas.

Los cubanos de Miami, aprenden rápido del sistema (II)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

El senador federal Melquiades Mel Martínez, de origen cubano y republicano por la Florida, quien llegó a Estados Unidos durante la siniestra Operación Pedro Pan,  y se benefició como miles de inmigrantes cubanos de la Ley de Ajuste (CAA) desde 1966, presentó en el Congreso un proyecto de ley que duplica las penalidades civiles y criminales contra quienes estafen al Medicare. Aunque Martínez dijo, que no cree que el fraude al Medicare sea estrictamente un “problema cubano”. Este es el sistema federal de salud, que beneficia a los mayores de 65 años, también a personas con determinadas incapacidades y a los que padecen de enfermedades renales agudas en etapas terminales, también se han beneficiado los enfermos de VHI.

Pero seguir la pista a los fugitivos que se van a países como República Dominicana es más fácil porque existen tratados de extradición con Estados Unidos, lo cual parece no funcionar, ya que los referidos hermanos cubanos Benítez, se asentaron e invirtieron en ese país, parte de los millones de dólares defraudados, sin ser molestados.

Las autoridades federales trabajaron con las dominicanas para encausar a los Benítez e incautarles sus muchos activos en Bávaro, entre ellos un hotel llamado Cabañas Singapur, así como otros hoteles turísticos, un helicóptero Robinson R44 Raven, edificios de apartamentos, mansiones de lujo, supermercados y una agencia de arrendamiento de autos, registrado bajo compañías fantasmas o falsos dueños. Funcionarios dominicanos comenzaron a incautar sus propiedades y congelar sus cuentas bancarias, y el gobierno federal planea devolver al Medicare lo que se recupere.

Los fiscales del Departamento de Justicia presentaron en la corte federal de Miami una propuesta de orden de restricción para asegurarse de que los activos de los hermanos no sean vendidos o transferidos.

El caso de los Benítez ha generado titulares en República Dominicana, no solamente debido de la incautación por parte del gobierno de Estados Unidos de sus ganancias mal habidas, sino porque la hija y el nuero de Carlos Benítez — Yanelkis Benítez Ramírez y Lenin Linares Guerrero– fueron secuestrados. Pocos días después las autoridades rescataron a la pareja.

En general, el FBI declaró haber tenido poca suerte, en años recientes, en capturar a este tipo de fugitivos en el extranjero. “Que yo sepa, no han devuelto a nadie acusado de fraude a los servicios médicos”, amplió uno de sus agentes.

La única excepción fue en junio del 2004, cuando las autoridades dominicanas entregaron a tres fugitivos de fraude al Medicare –Rubén Martínez, su hija Adriana Ramos y el esposo de ésta, Daniel Ramos– que habían huido a ese país meses antes de ser encausados bajo cargos de fraude. Lo cual confirma, que los defraudadores se sienten seguros en esa Isla.

Estas personas eran parte de una pandilla familiar dirigida por Martínez, de 57 años, quien al final fue hallado culpable de estafar $14.5 millones al Medicare con la facturación fraudulenta de equipos médicos como camas de hospital, tanques de oxígeno y soportes ortopédicos para calzado, entre el 2000 y el 2002. Las autoridades federales recuperaron $1 millón en bancos de República Dominicana, $900,000 en bancos estadounidenses, bienes raíces, joyas y un Porsche Boxster.

“Fue un caso clásico de cooperación internacional”, aseguró el ex fiscal federal Wifredo Ferrer, a cargo del procesamiento de Martínez y 11 personas más. “Los tres fugitivos eran cubanos, no ciudadanos de República Dominicana. Las autoridades dominicanas los declararon personas non grata y los deportaron a Estados Unidos”. Sin embargo, hay un fugitivo de fraude al Medicare en ese caso que todavía está libre: Emilio R. Seijo, quien se sindica de estar en Cuba, según el FBI.

El aumento de los casos de acusados de fraude al Medicare que huyen del país se ha convertido en un tema complicado para los jueces federales en el sur de la Florida. Un magistrado del Tribunal Federal de Distrito en Miami emitió un memorándum a los demás jueces advirtiéndoles sobre los peligros de escapar de los criminales identificados y procesados. Esta medida no parece inteligente, quien defrauda y viaja al exterior no escapa, ya que no ha sido descubierto, simplemente toma precauciones acorde con el tamaño del fraude. Cuando es capturado y presentado en Cortes, se le impone multa,  no una medida cautelar de prisión preventiva, entonces si evade el posterior proceso ante la certeza de que será condenado.

 Es por ello, que un juez federal de distrito revisó la fianza de los acusados de fraude al Medicare que llegaban a su despacho, citando un patrón de fugas después del encausamiento.

El juez declaró: “Me parece que tenemos que cambiar de manera de pensar, que alguien de Cuba pueda regresar a su país igual que alguien de México”.

Además se preguntó si la Ley de Ajuste Cubano –aprobada por el Congreso en 1966 para otorgar asilo y residencia a “refugiados políticos” cubanos– era objeto de abuso por parte de una nueva generación de sospechosos de fraude al Medicare. El juez se preguntó en alta voz “si alguien puede ser calificado de “refugiado político” cuando esa persona puede recoger sus cosas y regresar”. Esta conclusión de Perogrullo, confirma, que son emigrados cubanos, quienes argumentan razones políticas para acogerse a los beneficios de la histórica estrategia estadounidense, que privilegia a los inmigrantes cubanos por encima de otros, que arriban a ese país.

El juez empleó como ejemplo el caso de una antigua secretaria acusada de estafar $11 millones al Medicare, quien `presuntamente viajó a Cuba con su hijo y su padre.

El juez había liberado a Carmen González con una fianza de $50,000. Su padre, Enrique González, quien firmó la fianza, fue encausado en mayo en otro caso de fraude al Medicare por una estafa de $26.2 millones en medicamentos contra el VIH en clínicas de Miami-Dade. La fianza fue risible, si se quería retener a la acusada, quien defraudó millones y pagó apenas varios miles de dólares de fianza. El juez mencionado no es el único juez federal que ha sido “engañado”. El caso del fraude al Medicare de Gustavo Smith ilustra lo fácil que resulta a los fugitivos salir de Estados Unidos.

Después que lo hallaron culpable en un juicio en abril, una jueza federal de distrito le permitió a Smith permanecer en libertad, tras pagar una fianza de $300,000, para esperar la sentencia. Los fiscales insistieron que Smith debía permanecer detenido, pero la indulgente funcionaria decidió dejarlo en prisión domiciliaria. Después, Smith, quien había entregado su pasaporte estadounidense, escapó con su novia en un vuelo de American Airlines rumbo a Santo Domingo usando su pasaporte cubano bajo el nombre de Gustavo Smith Wong. A principios de julio la referida jueza lo sentenció en ausencia a 10 años y 10 meses de cárcel.

Es evidente, que una de las razones evidentes por las que los acusados de fraude al Medicare pueden evadir el encausamiento es porque generalmente se les permite salir libres bajo fianza. Pero la mayoría de los acusados de fraude a ese programa asistencia, que han huido desde el 2004 dejaron el sur de la Florida antes que los agentes federales pudieran arrestarlos, según el FBI y los fiscales. En algunos casos, los sospechosos se ponen nerviosos cuando arrestan a uno de sus colegas y escapan antes que los puedan procesar. Lo cual es la respuesta más común ante una amenaza.

Un ejemplo típico es el de Fermín Rey, de 49 años, que emigró de Cuba en 1995 y fue encausado acusado de usar empresas de servicios médicos para facturar ilegalmente al Medicare $5.2 millones en equipos médicos. Rey, descrito por las autoridades como un sacerdote de santería que usó a sus socios como pantalla para su negocio ilegal, no se presentó en el tribunal. Se cree que Rey vive hoy en México.

¿Por qué tantos inmigrantes cubanos estafan al Medicare? Hay variadas teorías, una de ellas sustenta que algunos inmigrantes llegan al país con instintos de supervivencia y ven entre otras vías para delinquir que ofrece el capitalismo miamense el engañar y defraudar, pero ellos no inventaron el fraude, solo lo perfeccionaron, cuando llegaron ya se escamoteaba al Medicare, desde hacía años, ellos solo se hicieron del negocio, lo cubanizaron y bloquearon, al generar iniciativas, que han dejado atónicos a los especialistas. El argumentar, que esas habilidades las adquirieron en Cuba, es una forma de manipular ese delito y evadir la falta de oficio para descubrir, en la Isla bloqueada por Estados Unidos, hace más de seis décadas, el sistema de salud, protege a las mismas categorías que prevé el Medicare, pero ese programa no existe, así que los inmigrantes cubanos llegaron “vírgenes” al inmenso lupanar y fue en Estados Unidos, donde aprendieron. No son más que un producto de su medio.

Los agentes del FBI no sólo tienen dificultad para seguir la pista a los fugitivos de fraude al Medicare, sino también al dinero. Las autoridades sospechan que la mayor parte de los acusados de estafar al Medicare que huyen del país –como los hermanos Benítez– lavan el dinero en el extranjero. Inteligente conclusión de nivel escolar primario.

Un fiscal, jefe de la División de Delitos Económicos de la Fiscalía Estatal de Miami, afirmó que a los agentes federales les resulta difícil seguirles la pista una vez que sacan el dinero de los bancos locales. “Es lo opuesto al narcotráfico”, explicó el fiscal. “A los narcotraficantes se les paga en efectivo, de modo que tienen que buscar negocios y otros métodos para lavar ese dinero. Las compañías del Medicare deben recibir todos sus pagos en cheques o giros transferidos a una cuenta de banco para que se le pueda seguir la pista. Lo que sucede es que de inmediato lo convierten en efectivo, y una vez que hacen eso, ¿quién sabe a dónde va a parar el dinero?”

Las autoridades federales y expertos en lavado de dinero saben que parte de los fondos de algunos fugitivos termina fuera del país. Un ejemplo son los activos que los mencionados hermanos Benítez tienen en la República Dominicana.

Sin embargo, a menos que las autoridades puedan identificar los millones de dólares lavados –en cuentas de banco, bienes raíces, automóviles, embarcaciones– no pueden tomar ninguna medida para tratar de recuperar los activos. Según expertos en el lavado de dinero, es fácil trasladar fondos mal habidos a ciertos países. Por eso se define como tráfico de activos, que abarca más allá del efectivo, que es más fácil de seguir su ruta.

Por muy poco dinero, los que estafan al Medicare pueden contratar abogados en el extranjero, escondidos en paraísos fiscales, en empresas offshore, para crear compañías falsas y ayudarlos a abrir una cuenta bancaria.

“Sin duda, el contrabando de dinero en efectivo tiene un papel en todo esto”, indicó Wolf. “Si se tiene en cuenta la naturaleza sumamente controladora de la red financiera de Cuba, es muy poco probable que estos fondos del Medicare se muevan a través del sistema bancario oficial”. No pudo evitar reconocer el sólido sistema de control bancario cubano, resistente a los embates de los defraudadores.

En continuidad con la confianza a la realidad cubana, expresó: “Pero sería peligroso para los fugitivos llevar consigo grandes cantidades de dinero en efectivo, digamos $50,000, para tratar de sobornar a los funcionarios del gobierno comunista en Cuba, a menos que tengan contactos”. Este delito tiene más aristas no estudiadas.

Los cubanos de Miami, aprenden rápido del sistema (III)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

La más reciente “oleada” de inmigrantes cubanos a Miami y otras ciudades del sur de Florida, han reanimado la “cubanización” de esa zona, no solo el café, la frita, el sándwich cubano, ahora aparecen competencias de las clásicas “arañas”isleñas, que no son más que coches tirados por un caballo, espectáculo impensable en esos lares, años atrás. También los carritos de “granizados” las ventas ambulantes de productos variados, las disputas en las redes sociales entre “influencers”, desconocidas en Cuba, que ahora pelean por protagonismo en las redes miamenses, el odio político, el arte grosero, los ataques verbales, artistas isleños buscando un espacio bajo el sol del exigente mercado miamense, que además de buena figura e imagen, busca talento en una interminable cantera de aspirantes en el ocaso de sus carreras.

A estas “apariciones”, no han faltado los estafadores habituales, que han encontrado en el llamado “parole humanitario”, un filón para lucrar, así han emergido empresarios auto titulados “gestores” para alcanzar las visas de cautos potenciales inmigrantes, sin piedad han dejado a numerosos cubanos, como llegaron al mundo. En menos de siete meses de vigencia del programa estadounidense que privilegia a los cubanos, han engordado sus arcas, ofreciendo “buenos oficios”, para acelerar los procesos de otorgamiento. Abogados, traficantes de influencias, los otrora palanganeros y coyotes, han cambiado el vestuario habitual, por trajes, corbatas costosas y maletines de última generación, con la imprescindible tarjeta de presentación y perfumes convincentes de una imagen confiable.

Tienen sus contrapartes en Cuba, quienes se las ingenian con un nuevo negocio gracias al referido parole, se llaman “los asesores”. Para diferenciarse de sus pares en Miami. Se ganan la vida llenando formularios o asesorando a los beneficiarios del migratorio programa. En una sala de casa, reciben a diario a “clientes” que en algún momento se convertirán en futuros emigrantes. Acuden en busca de ayuda o asesoramiento tras ser aprobados por el programa de parole humanitario que la administración Biden puso en marcha a principios de año.

Estos “asesores” han creado correos electrónicos, cuentas en el servicio en línea My USCIS o la aplicación móvil CBP One, donde una vez aprobados los casos de los beneficiarios, se podrá chequear la llegada del ilusionado permiso de viaje a Estados Unidos.

Por una suma en pago por sus servicios. Los asesores, reciben clientes en cualquier día y hora de la semana, también se dedican a detectar o corregir errores en los procesos o solicitudes hechas por el patrocinador en el formulario I-134A, el escaneo de pasaportes y el seguimiento de los casos.

Antes de enero de 2023 la figura del “asesor”, una suerte de negocio que afloró en la Isla cuando el gobierno estadounidense implementó la medida que disminuiría el flujo migratorio a rzón de 30,000 cupos mensuales a ciudadanos de Cuba. Hasta esa fecha la “asesoría” se utilizaba en orientar hacia qué países se podía viajar sin visa, en cuáles se podía solicitar la de Estados Unidos, las diferentes alternativas de llegar a la frontera sur de Estados Unidos con Méjico, por la conocida vía de los “volcanes”. También, las posibilidades de emplear el canal marítimo, de la forma más segura y efectiva

El negocio de los asesores no cuenta con ninguna figura legal que lo ampare dentro de la Isla. No tributan al fisco nacional, todo es por la ilegal “izquierda”, que avade todo tributo o impuesto. Aun así, disímiles grupos en las redes sociales de Facebook, Telegram o Whatsapp amanecen cada día con decenas de anuncios al estilo: “Prestamos servicios de creación y procesamiento de cuentas en USCIS/CBP One”; “Parole” trato presencial y online”.

Los precios de estos servicios quedan a consideración de quien los proporciona. Se atiende a clientes todos los días de la semana y una tarifa mínima exige 3,000 pesos cubanos por persona (unos $15 dólares), una suma que se estableció para ser lo más justa posible con los clientes.

Has diferentes tipos de inmigrantes hacia Estados Unidos, desde quienes lo han vendido todo, “quemado sus naves”, que rapiñan hasta el último gasto, hasta los que son apoyados económicamente y pagan hasta 100  dólares y más por la asesoría, con el criterio de que “yo hago lo que puedo y lo que no, lo compro hecho”, no tienen límites en pagar lo que necesitan. La página oficial de USCIS tiene un aviso que reitera que “el acceso a estos procesos es gratuito”. No obstante, aunque los asesores coinciden en que han sido criticados por cobrar por su trabajo, muchas personas en Cuba que no tienen acceso a Internet, nunca han tenido un correo electrónico o no cuentan con dispositivos tecnológicos, se benefician de estos servicios, es ahí donde tiene espacio el lucro y el “asesor”.

Según expresó en conferencia de prensa Blas Nuñez-Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, hasta el 25 de mayo de 2023 un total de 24,000 cubanos habían obtenido su autorización de viaje.

No todo es color de rosas en estos trámites. No pocas personas han alertado sobre posibles estafas desde que el parole humanitario se convirtió para miles de cubanos en una vía de salida de Cuba, estimadas en 400,000 migrantes cubanos desde la llegada del demócrata Joe Biden al poder, beneficiado de todos los efectos económicos acumulados por más de seis décadas de bloqueo, de las medidas impuestas por su predecesor y los derivados de los años de pandemia, todo lo cual ha deteriorado el nivel de vida isleño. Los “asesores” también se inclinan por las estafas, algunos han alertado, que sus fines son “mantenerse lejos de cualquier intento de fraude”. Uno de los métodos descubiertos es que supuestamente le mandan un número de caso, el cual no pertenece al solicitante, sino a una persona que ya fue aprobada, dice un anuncio de alerta: “Si a usted le dicen que tiene que pagar vía Zelle, una plataforma de pago desde el exterior, o cualquier otra plataforma de pago, no lo haga, evite ser estafado”. El abogado Ismael Labrador, de la firma de abogados Gallardo Law Firm, en Miami, afirma que muchas de estas estafas también han tenido lugar desde Estados Unidos.

“Los notarios públicos en los Estados Unidos son personas que han tomado ventajas de ese proceso del parole y han estado dando consejos legales, llenando planillas, algo que es ilegal, ya que solamente los abogados o las personas acreditadas del Departamento de Justicia están autorizados para dar consejos legales”, sostiene Labrador.

En las oficinas de abogados en Miami, llegan clientes con historias de pagos de unos $10,000 dólares a cambio de asegurarles la aprobación del proceso, algo de lo cual el abogado alerta todo el tiempo: “Siempre aconsejo que estos son reportes falsos, no hay formas de garantizarles nada”.

Otro dato estadístico asegura que de acuerdo con documentos obtenidos por CBS News del Departamento de Seguridad Nacional, desde el 5 de enero hasta abril de 2023 más de 100,000 inmigrantes han llegado a Estados Unidos, a través del parole humanitario.

Las autoridades alertan sobre posibles estafadores pidiendo altas sumas de dinero por patrocinar a inmigrantes que temen el programa se suspenda, por llegar legalmente a Estados Unidos. Su gobierno alerta sobre posibles estafas a personas interesadas en emigrar a través del programa. En particular sobre ofrecimientos que se anuncian en las redes sociales para ser patrocinador de un migrante pidiendo a cambio miles de dólares, una parte a pagar en el país donde reside la persona que quiere emigrar y el resto al llegar a Estados Unidos. Recordaron, que ni el patrocinador ni el beneficiario están obligados a pagar una cuota para presentar el formulario I-134A para el parole. “Tenga cuidado con las estafas de cualquiera que le pida dinero”, es el mensaje. “El acceso al proceso de parolees gratuito”.

Para participar en el programa, el migrante debe tener una persona que patrocine su estadía en EEUU. Por lo general, los patrocinadores suelen ser personas próximas al interesado, como familiares o amigos, aunque también hay casos de personas, que se ofrecen a ayudar a algún migrante de manera “altruista”.

La abogada de inmigración Claudia Bernal alertó que la ingenuidad, necesidad y urgencia de las personas que dejan atrás su país sirven de pasto a los estafadores. También alertó sobre el riesgo que afrontan de perder el dinero y de que el patrocinador no cumpla con sus responsabilidades. “No es necesariamente una responsabilidad económica, estamos hablando de un compromiso que asumen estas personas”, de por ejemplo presentarse ante las autoridades de inmigración si es requerido.  Las autoridades migratorias advierten que el I-134A es un documento firmado bajo juramento, con posibles consecuencias legales. “Si incluye en esta declaración jurada de patrocinio económico cualquier información a sabiendas de que es falsa, podría estar sujeto a un proceso penal conforme a las leyes de Estados Unidos”, advierte la abogada.

Los delincuentes de origen cubano, que pululan en Miami, están al acecho de la más mínima oportunidad, para saltar sobre la presa, que se cruce en su sórdido camino.

Los cubanos de Miami, aprenden rápido del sistema (IV)

Por José Luis Méndez Méndez/ Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano

Si bien los emigrados cubanos tiene un puesto destacado entre los defraudadores del Medicare, no tienen la exclusiva, tampoco son sus pioneros, aunque si tienen el mérito gris de haberlo perfeccionado, diversificado y robustecido. Hurgando en los registros históricos, aparece un médico de Miami, quien fue sentenciado a la benigna pena de 84 meses de prisión por fraude contra Medicare por un valor de 26.2 millones de dólares, esto sucedió en el año 2008, mientras que una administradora de una clínica fue sentenciada a 70 meses por fraude de 11 millones de dólares contra el mismo programa. Tal vez, ese es el rango a imponer por la ley, pero este escribidor insiste en lo inocuas de las penas. Por buena conducta en prisión, acogerse a uno de los programas existentes de “rehabilitación” penal, pueden salir mucho antes, para disfrutar el dinero enajenado, sino en su totalidad en parte, que debe estar sumergido en el denso entramado, que caracteriza las cuevas internacionales donde se esconde lo defraudado.

El defraudador fue un médico de Miami, nombrado Ronald Harris, quien fue sentenciado a 84 meses en prisión y la administradora de clínica médica Mariela Rodríguez, a 70 meses en prisión por defraudar al programa Medicare en conexión con ardides de fraude de infusión para el VIH de gran escala, anunciaron el Secretario de Justicia Auxiliar Interino Matthew Friedrich de la División de lo Criminal y el Fiscal Federal R. Alexander Acosta del Distrito Sur de Florida.

Por el papel de Harris en un ardid de 26.2 millones de dólares, la Jueza Cecilia M. Altonaga del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Florida ordenó la libertad bajo supervisión de Harris por tres años después de haber cumplido su sentencia en prisión. También ordenó que pagara 9, 882,274 millones de dólares en restitución al Fondo Fiduciario de Medicare, además de su sentencia en prisión. Estafó 26 millones y debe pagar un poco más de nueve. Negocio redondo.

El 26 de agosto de 2008, Harris se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos, causar la presentación de reclamos falsos y pagar comisiones ilícitas asociadas a la atención médica; un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica; y tres cargos de presentación de reclamos falsos al programa Medicare. Harris se declaró culpable en conexión con su papel como director médico de Physicians Med-Care y Physicians Health Med-Care (Physicians Health), dos clínicas de VIH del área de Miami que alegaban proveer servicios de infusión para VIH a beneficiarios de Medicare.

El criminal, admitió durante su audiencia de declaración de culpabilidad que, entre agosto de 2002 y marzo de 2004, conspiró con terceros para operar dos clínicas de infusión del VIH en Miami pertenecientes a y controladas por Carlos y Luis Benítez y cuya única finalidad real era cometer fraude contra Medicare.

Antes de agosto de 2002, Harris justificó que no tenía experiencia previa con terapias de infusión para pacientes con VIH. Asimismo, admitió haber conspirado con terceros para pagar comisiones ilícitas a beneficiarios de Medicare atendidos en las mencionadas clínicas. Harris reconoció que, durante su empleo con esas entidades de salud, aprobó facturas médicas fraudulentas por un valor aproximado de 26.2 millones de dólares, firmó documentos que contenían información falsa sobre tratamientos supuestamente brindados a pacientes con VIH y aprobó tratamientos médicos innecesarios. Como resultado del fraude, el programa Medicare pagó aproximadamente 17.5 millones de dólares en facturas.

En un audiencia, el Juez Federal de Distrito Federico Moreno, del Distrito Sur de Florida, ordenó que también cumpliera tres años de libertad bajo supervisión, una vez liberada de la prisión, y pagara 8,289,286 dólares en restitución, además de cumplir con su sentencia en prisión, por su papel en el ardid de infusión para el VIH.

También Rodríguez se declaró culpable el 26 de agosto de 2008 a cargos de conspiración para cometer fraude de atención médica y realización de declaraciones falsas a un gran jurado federal. Ella admitió que operaba y actuaba como administradora de la clínica del Saint Jude Rehab Center para los propietarios era dos de los famosos cubanos defraudadores habituales Carlos y Luis Benítez.

Reconoció, que ese centro funcionaba con la única finalidad de cometer fraude contra Medicare. Rodríguez reconoció que ella y sus co conspiradores pagaron a beneficiarios de Medicare comisiones ilícitas de 100 a 150 dólares para inducirlos a visitar la clínica. Entre junio de 2003 y noviembre de 2003, Rodríguez admitió que el Saint Jude presentó reclamos por un total de aproximadamente 11.3 millones de dólares al programa Medicare por medicación innecesaria para el VIH. Medicare pagó al Saint Jude aproximadamente 8.2 millones de dólares por estos reclamos fraudulentos. Finalmente, Rodríguez admitió que brindó falso testimonio en el tribunal el 14 de junio de 2004, cuando declaró bajo juramento que no tenía conocimiento del pago de comisiones ilícitas a beneficiarios de Medicare en la citada instalación.

Los referidos Carlos Benítez, Luis Benítez y Thomas McKenzie fueron acusados separadamente de fraude de atención médica y delitos de lavado de dinero en una acusación formal revelada el 11 de junio de 2008. De acuerdo con la acusación formal separada, se alega que estos co conspiradores proporcionaron el dinero y el personal necesario para abrir las clínicas de VIH, los pacientes de Medicare por los que las clínicas facturarían al programa Medicare y transporte para los pacientes con VIH que visitaban las clínicas. De acuerdo con la acusación formal, Carlos y Luis Benítez eran los verdaderos propietarios de las clínicas. Los hermanos Benítez y McKenzie fueron acusados por sus papeles en las clínicas y otras ocho clínicas de infusión para el VIH.

El 18 de septiembre de 2008, McKenzie se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude de atención médica y un cargo de presentación de reclamos falsos al programa Medicare, y admitió su papel en un ardid de fraude de infusión para el VIH de 119 millones de dólares. Los hermanos Benítez permanecen fugitivos, así como Enrique González, el codemandado de Harris.

Los casos fueron investigados por el Buró Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las demandas fueron entabladas como parte de la Fuerza de Ataque al Fraude contra Medicare, supervisada por el Jefe Adjunto Kirk Ogrosky de la Sección de Fraude de la División Criminal y el Fiscal Federal Acosta del Distrito Sur de Florida. Desde la creación de la MFSF en 2007, fiscales federales han emitido acusaciones formales en 104 casos con 184 demandados, tanto en Los Ángeles como en Miami. En conjunto, estos demandados facturaron fraudulentamente al programa Medicare más de 500 millones de dólares.

¿Es usted un profesional de la salud acusado de cometer fraude contra Medicare o Medicaid, o sospecha que está siendo investigado? ¿Es usted beneficiario de Medicare o Medicaid y ha sido acusado de recibir pagos fraudulentos? Estos delitos son, por lo general, investigadas por la oficina del auditor general del estado de la Florida, en los en casos de fraude contra Medicaid, y por el FBI en los casos de fraude contra Medicare.

Las recomendaciones para los delincuentes, por parte de abogados dedicados a defenderlos, es en caso de visita por un inspector, investigador o agente del FBI para hablar sobre su negocio o sus prácticas, debe saber que tiene el derecho de hablar con un abogado antes de hablar con ellos. Decirles esto y luego consultar con un abogado antes de hablar sobre cualquier aspecto relacionado con sus prácticas comerciales. Cuando le preguntan, ya Ud. está bajo sospecha documentada, lo hacen para verificar lo que conocen y colocarlos en perjurio, lo cual es una agravante.

Este tipo de delito es considerado grave y la condena puede ser elevada en cárcel y el pago de altas multas, una combinación de ambas penalidades y que el caso sea llevado tanto en tribunales estatales como federales. A los proveedores médicos condenados por fraude, se les puede suspender su licencia para operar su negocio y profesión.

Los profesionales de la salud típicamente acusados de fraude contra Medicaid o Medicare incluyen servicios de facturación, clínicas, dentistas, médicos, fisioterapeutas y otros proveedores de atención médica. Las acciones que pueden ser interpretadas como intencionadas para defraudar a la Agencia de la Florida para la Administración del Cuidado de la Salud, incluyen: Facturación fantasma; simular la prestación de un servicio más costoso; sobrefacturación de lo actuado; facturación por servicios o pruebas que no fueron necesarios.

Los beneficiarios, también pueden ser acusados de fraude, como resultado de obtener medicamentos recetados en ese programa para después revenderlos o conspirar para hacerlo. Además, un cargo de fraude puede ser presentado en contra de cualquier individuo, que supuestamente haya hecho declaraciones falsas para obtener bienes o servicios de esos sistemas.

Este tipo de fraude, al que a menudo se hace referencia como un “delito de cuello blanco”, se trata con severidad en la Florida. Todos los delitos se consideran delitos graves, pero la clasificación depende de la cantidad de dinero que supuestamente esté involucrado en el fraude. En el nivel menos serio, con menos de $10,000 defraudados, podría significar un delito grave de tercer grado y hasta cinco años de cárcel. 

Si la cantidad de dinero involucrada en el supuesto fraude está entre $10,000 y $50,000, la ofensa es un delito grave de segundo grado, por lo que el tiempo en cárcel podría ser de hasta diez años. Los fraudes de más de $50,000 podrían equivaler a un delito grave de primer grado y hasta 30 años de cárcel. Se pueden imponer multas equivalentes a un múltiplo de cinco veces la cantidad defraudada. Esto es en teoría, se registran casos de fraudes millonarios y las sentencias han sido leves, en ese mundo sórdido, hasta la justicia falla.

Los cubanos de Miami, aprenden rápido del sistema (V y final)

Por José Luis Méndez Méndez* / Colaboración Especial para Resumen Latinoamericano.

Un rumor ha tomado fuerza en Miami, meca de los emigrados cubanos en el sur de Florida, hervidero ahora de la razia desatada contra los cantantes que participaron en un reciente festival de música en Cuba. Tea en mano los inquisidores habituales claman severas sanciones contra quienes ejercieron ese derecho humano de viajar a donde deseen y puedan.

Un sistema de medidas punitivas y coercitivas unilaterales se han aplicado contra los músicos, cantantes y acompañantes, las Alcaldías de Miami y Hialeah, han suspendido los conciertos previstos, otros exigen a la OFAC, imponer multas, sanciones por “comerciar con el enemigo”. Algunos emigrados que viven dedicados al canto se han sumado a los ataques contra sus compañeros de oficio, a quienes han injuriado en redes sociales, calificados como “muertos de hambre” por haber visitado “ese cochino país”, adjurado de su país de origen y otros horrores que desdice de la condición humana de quienes han convertido la política en su forma de vivir y lucrar.

A uno de los presuntos asistentes lo tacharon de “doble moral”, por ser en ocasiones crítico político a la realidad cubana o a sus efectos externos y ahora se asegura que asistió al festival, el odio ha llegado a límites irracionales, los llamados “influyentes” amenazan con hacerles la vida imposible a esos descarriados de los dogmas políticos, que intentan, como en el pasado, emplear el terrorismo mediático para someter a la emigración cubana.

No faltó otrora artistas cubanos de la televisión, que exigen severos castigos para los “pecadores”, asistentes al festival, organizado por una entidad precisamente radicada en Estados Unidos y que promovía el encuentro para unir y sumar, sin odios ni intolerancia.

Lo cierto es que se promueven quemas y aplanamientos de discos de los artistas participantes, medida que alcanza hasta aquellos que coincidieron en Cuba, cuando se celebraba el evento artístico, práctica habitual en Miami, de los emigrados cubanos quienes hasta sugieren la intervención militar en Cuba, disfrazada de “humanitaria”.

Mientras que eso acontece para vergüenza de las mejores prácticas humanas, sigue la pregunta: ¿Si pago me aprueban más rápido el parole humanitario a Estados Unidos? en medio de otras noticias que dan fe de cómo los emigrados se insertan en el sistema y al medio llegado, una de ellas explica cómo era que un cubano robaba tarjetas de crédito en Miami Beach. También, la detención de una emigrada cubana en la citada ciudad de Hialeah, por fraude en Plan 8 de vivienda, conocido popularmente así, que en realidad se titula Programa de Vales para Alquiler de Viviendas o Sección 8, que consiste en un esquema federal, que ayuda a las familias de bajos recursos, jubilados y discapacitados a cubrir sus gastos de vivienda.

Una nueva noticia con intervención de cubanos residentes en Miami, reiteraba lo conocido, varios emigrados cubanos fueron condenados por un juez federal a 10 años de cárcel por el delito de fraude al Medicare. En total robaron 17 millones de dólares, según autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por otra parte medios de información de Miami, como el canal Univisión 23, denunciaron estafas a propósito de la ansiedad de miles de cubanos que se desesperan ante la demora de la aprobación o no del parole humanitario a Estados Unidos, una política que se aprobó en enero de este año.

Según este reporte, muchos cubanos han señalado que si se pagan de “500 a mil dólares” a un supuesto intermediario se consigue la aprobación del parole más rápido, pero esto solo sería una estafa más de las tantas que se han vivido con esta política. La nueva modalidad más socorrida la practican, quienes dicen tener “contactos”, personas que prometen otorgar beneficios en el programa del parole humanitario, a cambio de un pago de hasta mil dólares.

En las redes sociales se promocionan “patrocinadores” de inmigrantes cubanos, anuncian facilidades de pago y dan confianza: “Ud. paga una cantidad antes de salir de Cuba y la otra cuando ya esté en Estados Unidos, no se deje engañar, esto es seguro”.

La presencia de emigrados cubanos, trabajadores del sistema migratorio estadounidense, hace probable la presencia de delitos en los trámites. Las autoridades advierten que no se dejen seducir ante promesas de ese tipo. Pero desde dentro del sistema, se conocen los casos en espera de decisión, estos salen al medio fraudulento y aparecen los operadores con soluciones mágicas a cambio de estímulos materiales, pues primero piden datos personales para supuestamente acceder a la solicitud del parole en la página de Migración y el pago acordado por adelantado para abrir caminos.

Luego piden más dinero a cambio de no bloquear la cuenta de usuario en Migración, se adiciona el chantaje, una vez enganchado no hay marcha atrás, se llega al punto de no retorno, a la que ya tienen acceso. Y así, hasta que logran sacar una buena tajada del interesado, que terminará estafado por completo. Algunos llegan a pagar hasta 8 mil dólares y sin solución.  

Principio del formulario. Una solicitante comentó desde Cuba que “algo está sucediendo porque la verdad estoy esperando mi parole desde el 11 de enero y nada aún. Mientras por encima de mí han aprobado incluso personas que aplicaron en mayo. Eso la verdad que lastima (…) Luego de llamar varias veces a Migración (USCIS por sus siglas en inglés) solo le dicen que el caso está en proceso y que solo debemos esperar”. Más de 38 mil cubanos se beneficiaron con parole de Estados Unidos durante el presente año 2023.

Un abogado de migración de Miami, advirtió que esta supuesta práctica de pago, además de fraudulenta es ilegal, porque “nadie le puede pagar a un funcionario del gobierno para que le mueva un caso, eso es una complicación, porque tanto la persona como el funcionario, pueden encarar cargos criminales federales”.

Estos y otros delitos ajenos en su país de origen, han encontrado los inmigrantes cubanos al llegar al “sueño americano”, han tenido, algunos, difícil inserción laboral, además de la violencia ciudadana reinante, han aprendido rápido y dejado su impronta criminal.