Juventud Rebelde.- El gobierno de facto de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez reinició la persecución política y judicial contra dirigentes obreros y campesinos, después de las recientes protestas, asegura hoy el diario La Resistencia.
La publicación puntualiza que, tras las múltiples declaraciones de autoridades del régimen actual sobre sus intenciones de procesar y encarcelar a referentes de colectivos sindicales e indígenas, es público un requerimiento fiscal contra dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) que incluye el delito de genocidio.
En tal sentido, el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, afirmó la existencia de una orden de aprehensión contra Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB, Leonardo Loza y Andrónico Rodríguez, dirigentes de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, entre otros, señaló la publicación.
Issa dijo que la Policía se está moviendo para ubicar a las personas «implicadas y una vez que el Ministerio Público entregue esto a la Policía, tiene que ejecutar estos mandamientos».
De acuerdo con La Resistencia, el gobierno de facto pretende amedrentar a las organizaciones sociales en un intento más de criminalización de la protesta social, derecho reconocido por la Constitución Política del Estado.
Sobre estas acciones, Orlando Gutiérrez, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, manifestó que responderá a las acusaciones en su contra por los bloqueos en el país.
Además, pidió ante la prensa respeto al fuero sindical y advirtió que el pueblo está «atento» ante cualquier provocación.
Desde el golpe de Estado en noviembre de 2019, los sectores que ocuparon el poder iniciaron una persecución contra dirigentes y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), y personas afines a esta fuerza política, dijo Prensa Latina.
Aunque esa maniobra para desmembrar al MAS continúa, ahora se suma el hostigamiento a dirigentes de organizaciones sociales, campesinas, indígenas y sindicales del país que intentan restablecer el orden constitucional.
