Germán Veloz Placencia - Granma.- Más de una década atrás, directivos del sector avícola acordaron convertir en viviendas para trabajadores varios locales de lo que entonces era una entidad técnica subordinada, pero el proceso no siguió los procedimientos correctos.

En enero de este año tres de las cinco viviendas aún estaban clasificadas como ilegales por no poseer los documentos que otorgan el título de propiedad a sus ocupantes. Además, todas recibían gratuitamente los servicios de agua y electricidad, cargados a la cuenta de la Empresa Avícola de la provincia.

El problema salió a flote al seguir el curso de las acciones para que esa entidad traspasara el inmueble a otra de Turismo. Si bien es cierto que las ilegalidades fueron resueltas, y los moradores de las viviendas ya asumen los gastos de electricidad y agua, el nuevo propietario estatal tuvo que levantar paredes adicionales para delimitar sus áreas y crear salidas independientes a los "vecinos". Ahora a su parqueo le falta una parte que no debió perder.

HERRAMIENTA DE CONTROL INMOBILIARIO

Un antídoto contra este tipo de anormalidades florecidas tiempo atrás en la provincia es el Proceso para el Movimiento de Inmuebles Estatales que requieren aprobación gubernamental, puesto en vigor durante el 2011.

La arquitecta Ana Gloria Fernández Peña, especialista en Urbanismo en la Dirección Provincial de Planificación Física, recuerda que una vez establecido nacionalmente el mecanismo regulatorio de referencia, aquí se ha perfeccionado la labor de las comisiones provincial y municipales que analizan los movimientos de inmuebles.

Son órganos que trabajan con el concepto de lograr el ordenamiento urbanístico. Cuan-do evalúan el cambio de uso o el traspaso tienen la obligación de seguir los procedimientos objetivos, ajeno a caprichos o consideraciones superficiales.

"Al tener en cuenta el destino final de los inmuebles, la prioridad la ha tenido la conversión en viviendas, que en todos los casos requiere de la aprobación del Ministerio de Economía y Planificación", explica.

En septiembre del 2012 se aprobó el cambio de uso a 152 inmuebles del Ministerio de Salud Pública, sumido entonces en un necesario reordenamiento. Igualmente, la mayor parte (130) se dedicó a incrementar el fondo habitacional.

A lo largo del periodo 2012-2013 especialistas de la Dirección Provincial de Planificación Física intervinieron en el procesamiento de 121 avales técnicos. "En todo momento se tuvo en cuenta que los inmuebles estuvieran inscriptos en el Registro de Propiedad y que el destino no fuera opuesto a las regulaciones del plan de ordenamiento de los territorios".

De modo similar fueron ágiles tras el paso del huracán Sandy, ocasión en la que el Consejo de Defensa Provincial hizo uso de facultades excepcionales con el fin de convertir progresivamente en viviendas varias instalaciones estatales en desuso, entre ellas las que pertenecieron a un campamento del Ministerio de la Construcción, hoy comunidad Armando Mestre, en Santa Lucía, municipio de Rafael Freyre.

RUTA CON ESCOLLOS

En la Empresa de Calzado de Holguín hay conciencia del lastre que representan los locales en desuso, afirma Carlos Manuel López, su director general. Se percataron, dice, cuando las limitaciones económicas dictaron fusionar o cerrar establecimientos.

"Tras unir la fábrica Julio Antonio Mella con la Planta Checa, quedó desocupada la primera, que le fue entregada a la Empresa Yamarex. También le traspasamos el antiguo Taller de Transporte a la Empresa de Pieles. Ambas son del Ministerio de Industrias, al que pertenecemos".

Posteriormente EMPRESTUR, recibió locales que se emplearon en labores de mantenimiento y la Empresa Avícola Provincial obtuvo hace poco partes de un recinto administrativo y lo que fue un comedor obrero.

"Tenemos el censo de nuestros inmuebles y cada propuesta de cambio de uso ha sido consultada con nuestra dirección nacional, que ha sido objetiva en los análisis. Los locales en desuso se deprecian y provocan gastos. Nada más hay que calcular lo que se paga al contratar servicios de protección a agencias como Coraza".

Sin embargo, a muchos directivos parece importarles poco que los locales constituyan activos fijos generadores de gastos, de ahí que no se proyecten por entregar a los gobiernos de los territorios los que no se usan y los subutilizados, considera Archi Felipe Lam Ayala, integrante de la Comisión Provincial de Cambio de Uso de inmuebles estatales.

Aunque no excluye la resistencia de los organismos de subordinación local, plantea que la situación se torna difícil cuando analizan los casos pertenecientes a los de subordinación nacional. "Estos hacen las proposiciones a sus instancias superiores, pero el procedimiento no fluye con la agilidad necesaria, razón por la que mantenemos hipotecado un valioso capital inmobiliario", puntualiza el también vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial a cargo de la Construcción.

"Incluso, hay organismos que tienen carácter territorial y sus representantes están ahora en otras provincias, pero poseen locales en la ciudad de Holguín. Uno de ellos es el Ministerio de Comercio Exterior, que en la calle Morales Lemus mantiene cerrado por más de un año y medio, con el cartel de protegido, un inmueble de dos plantas".

En general el tema de la protección de los locales es peliagudo. Los propietarios afirman cumplir lo normado, pero en la práctica muchos le dan vueltas ocasionales. Por eso no son pocos los casos que se muestran en ruinas, llenos de escombros y basura.

Actualmente en la ciudad Holguín está en marcha un levantamiento para determinar los locales subutilizados o en desuso. El estudio comprende un rectángulo de 69 hectáreas que por sus lados más largos se extiende des-de la Loma de la Cruz hasta la estación ferroviaria.

No es un proceso libre de escollos, porque implica sacar del área numerosas entidades administrativas y algunos directivos ponen por delante a los trabajadores, alegando que les cambiaran la vida al trasladarlos.

De acuerdo con Archi Felipe, al concluir el censo, se emprenderán acciones constructivas para transformar los inmuebles en viviendas y establecimientos de servicios reclamados por la población."La idea ha sido acogida con entusiasmo por organismos como el Ministerio del Turismo, que tiene posibilidades de invertir en la creación de hostales y restaurantes", señala.

A Irán Pérez Concepción, director de la Oficina de Monumentos de la provincia, le preocupa que no se conserven los valores patrimoniales de los inmuebles una vez concluido el levantamiento y emprendidas las acciones constructivas. En el rectángulo en evaluación hay más de 850 con grado de protección 1.

"Muchos son bodegas ubicadas en las esquinas, lo que constituye una peculiaridad. Sería bueno que esto no se pierda, en lo cual deben influir las consultas que hagan a nuestra Oficina. A veces conocemos de los cambios de uso en el momento en que los organismos involucrados nos solicitan regulaciones para acometer transformaciones.

"Nos topamos casos de locales en los que desean instalar varios equipos de climatización, falsos techos y todo tipo de medios modernos incompatibles con el valor patrimonial".

Las inconformidades de quienes siguen y participan aquí en el proceso de cambio de uso y traspaso de inmuebles estatales son la confirmación del interés por sacar provecho de recursos a la mano, aferrarse a la racionalidad económica, frenar decisiones inconsultas e indisciplinas administrativas, ayudar a los directivos en general a ganar conciencia acerca del control físico y legal del patrimonio del Estado, defender valores culturales y restituir el orden territorial.