Cuba es una de las 34 naciones que cumplen con la recomendación de la Organización Mundial del Trabajo de conceder al menos 14 semanas de licencia a la madre y un salario que no sea inferior a dos tercios de sus ganancias laborales previas. (Fernando Medina Fernández / Cubahora)

José Armando Fernández Salazar - Red Semlac.- Con una baja tasa de natalidad y una población con tendencia al envejecimiento, Cuba se enfrenta a retos demográficos en un período de tiempo relativamente corto.

Varias políticas ha implementado el Estado para promover la natalidad, una de ellas la actualización, en 2003, del cuerpo legal que protege a la mujer trabajadora para la maternidad.

El Decreto Ley 234 De la Maternidad Trabajadora y la Resolución 22 de 2003, garantizan la atención médica a la embarazada, previo al parto y luego durante los cuidados pre y pos natales. Estas regulaciones, incluso, posibilitan que el padre acceda también al beneficio de una licencia una vez concluida la etapa de los tres primeros meses de lactancia materna. La isla caribeña fue el primer país de América Latina en poner en práctica un marco legal de este tipo.

Cuba es una de las 34 naciones que cumplen con la recomendación de la Organización Mundial del Trabajo de conceder al menos 14 semanas de licencia a la madre y un salario que no sea inferior a dos tercios de sus ganancias laborales previas. Junto a Venezuela y Chile, la isla es de las que más semanas otorga (156 semanas y el 100 % del salario). Contradictoriamente, en la más grande economía de la región, Estados Unidos, la licencia no es obligatoria y cada Estado es libre de decidir cuántos días y qué porcentaje de remuneración concede.

En el caso cubano, esta prestación social, que es un derecho reconocido además por la constitución, garantiza que una vez incorporadas a trabajar, las madres trabajadoras que aún estén lactando puedan salir una hora de su centro de laboral para realizar esta actividad y, posteriormente, asegura al menos un día al mes para que asistan a las instituciones de salud con sus hijos para la atención pediátrica, todo ello sin afectaciones salariales.

En los recientes debates de las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la aplicación de este cuerpo legal fue objeto de análisis por parte de los diputados. Un informe presentado en la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad de los Derechos de la Mujer evidenció que persiste el desconocimiento sobre lo legislado en este tema, lo que limita el alcance de estas medidas, encaminadas a elevar la calidad de vida de la población e impulsar la tasa de natalidad.

La Comisión aplicó encuestas y realizó visitas a varias provincias del país y constató que no existen condiciones idóneas en cuanto a los espacios habilitados para la lactancia materna, y en los convenios colectivos de trabajo no se diferencia la atención a la mujer trabajadora. Mientras en el sector no estatal persiste el desconocimiento de lo legislado en los asuntos vinculados a la licencia de maternidad.

Aunque la ley ampara al padre para acogerse a la licencia y los especialistas señalan esta práctica como algo positivo, desde que se implementó en 2004, poco más de 200 hombres se han acogido a ella. Esta escasa cifra es a veces por desconocimiento y mayormente por prejuicios.

En el ámbito del trabajo no estatal los avances legales marchan rezagados con respecto a lo implementado en el estatal. Las madres cuentapropistas o vinculadas al cooperativismo están reguladas por regímenes especiales. En el caso del trabajo privado, la gestante tiene derecho a una licencia retribuida al cumplir las 34 semanas de embarazo por el término de 18 semanas (seis antes del parto y 12 después), siempre y cuando haya trabajado al menos un año.

Las tendencias demográficas del país y el rol de la mujer en la fuerza laboral activa (representan un 37 % de esta) demandan mayor rigor y profundidad en la aplicación de las políticas del Estado para proteger a las madres trabajadoras.

Cuba es un país con unas de las tasas de mortalidad infantil y materna más bajas de América Latina, y el primero en el mundo que eliminó la transmisión del VIH/sida de la madre al feto. Indicadores que reflejan la voluntad gubernamental por proteger y garantizar los derechos del recurso más importante de la nación, los seres humanos.