Jorge Freytter Florián - Gara.- Han pasado quince días y Colombia sigue manifestándose de diferentes formas. Desde las perspectivaseconómica, social y política era una respuesta necesaria. Es el resultado de la contestación a una “reforma tributaria” presentada por el Gobierno como un paquetazo fiscal.

La medida recae en un pueblo empobrecido y explotado, reprimido ferozmente por más de cuarenta años de neoliberalismo; situación que se suma al agobio por la pandemia del Covid-19;y al fracaso de un Proceso de Paz agotado, instrumentalizado e incompleto, cinco años después, entre otros factores. De forma que ese mismo pueblo se ha alzado con una ira contenida y desconocida contra tal modelo y estado de cosas, poniendo nuevamente al país en la denominada Agenda Internacional.

Tal Reforma Tributaria es una especie de harakiri que el Gobierno del Centro Democrático, envanecido y arrogante de su poder sostenido en un Terrorismo de Estado ejercido en campos y ciudades durante varias décadas. La principal reacción popular surgió, para muchos inesperadamente, en el denominado “centro de la periferia” como lo es la populosa y variopinta ciudad de Cali, a dos horas y media del estratégico Puerto de Buenaventura en el Océano Pacifico. Precisamente en la gran región conocida como el “anden Pacifico”, lugar donde los grupos narco-paramilitares, en connivencia con el Estado, controlan las rutas del narcotráfico a la vez que saquean los territorios de las poblaciones negras de origen africano y las comunidades indígenas todavía existentes, pese a ser golpeadas históricamente.

El alzamiento popular ha sacado a la superficie con sus reclamos las contradicciones que se venía larvado en lo profundo de la de la sociedad. La fuerza que tomó y su extensión por diversas áreas rurales y ciudades, explica que el Gobierno respondiera con una represión policial, y también con unidades militares,que cabe considerar de excesiva. Incluso para ser Colombia, acostumbrada al accionar policial desmedido, se han dado situaciones antes nunca vistas, como ha recogido los medios y las redes sociales.

En los operativos se ha observado el comportamiento de las compañías pertenecientes al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una auténtica máquina de muerte que está contando con el apoyo de gruposciviles de narco-paramilitares, así como de los “guachimanes” o vigilantes de empresas privadas fuertemente armados. En algunos puntos, todo ello era reforzado con la presencia de militares pertenecientes al Ejército, en tareas policiales pese a que esa no es precisamente su misión.

Cabe señalar que esta práctica de la brutalidad policial es una política de Estado amparada en doctrinas militares foráneas que se enseñan en las academias castrenses. Ante el legítimo derecho a protesta pacífica se instruye que las personas y comunidades que lo hacen son un enemigo que debe ser combatido.

Este proceder no es nuevo. Como un grupo de investigadores vascos y colombianos hemos expuesto en el informe Universidades bajo S.O.S.pecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019), son numerosos los casos de personas asesinados por el citado ESMAD, como fue en 2005 el caso emblemático de Nicolás Neira.

Diariamente diversas fuentes, ONG y organismos de derechos humanos, en estas dos semanas han ido dando cuenta de las cifras de las víctimas civiles de la protesta social: personas de toda condición golpeadas y heridas, asesinatos de manifestantes, desapariciones forzadas, violación de mujeres, detenciones, etc. Las cifras totales todavía no se conocen, pero los indicadores parciales llevan a considerar que es la más grave represión en un determinado espacio de tiempo en la historia colombiana. No es de extrañar, por tanto, que a las justas reivindicaciones socio-económicas y políticas se le añada dos solicitudes: una, el castigo de los culpables de tales desmanes, desde las cabezas pensantes en el Gobierno, Policía y Fuerzas Armadas hasta los ejecutores en las calles; y, otra, esencial, el desmantelamiento del ESMAD.

En todo este contexto, a lo largo del último año la pandemia del Covid 19 ha contribuido a acabar de desnudar el sistema sanitario neoliberal impuesto desde 1991 por la Ley 100, que fue presentada por el entonces senador Álvaro Uribe Vélez siguiendo el modelo chileno. Ya en estos años los datos relativos a la salud pública eran desastrosos. El actual Gobierno Duque con su reforma a la salud contemplada en la Ley 010 de 2020 ha profundizado en la mercantilización de esta política. La crisis sanitaria es colosal y subestimada por el ejecutivo.

Se implantó un sistema de aseguramiento hospital céntrico, con la institucionalización de los intereses privados y de intermediación financiera, que reproducen fragmentación, estratificación e inequidades en la salud colectiva. Ello contribuyó a profundizar las desigualdadesy, paralelamente, precarizar las condiciones laborales de las trabajadoras de la salud. Igual sucede con las reformas en la educación y las pensiones, entre otros terrenos, provocando el rechazo de las mayorías sociales.

Por estas razones, otra de las consignas de las movilizaciones es la de derogar la citada Ley 010/2020 e implementar una reforma sanitariaque tenga en cuenta la salud humana como un Derecho Humano y no como una mercancía capitalista.

Desde finales de abril el tratamiento por parte del régimen a la protesta ha sido militar. Históricamente los gobiernos de turno han dado las movilizaciones socialestal tratamiento, haciendo un uso desproporcionado de la fuerza. Se han visto acciones como el lanzamiento de gases lacrimógenos y el uso ilegal de armas no convencionales. Es el caso dellanzador de proyectiles Venom, que dispara bombas aturdidoras y ráfagas de gases lacrimógenos.

Según la organización “Armas Bajo Control”, una de las últimas exportaciones demuniciones para las Fuerzas Armadas de Colombiadesde el Estado Español alcanzó los 6,3 millones de euros. En los últimos diez años superaron los 16 millones de euros. Además de ventas de armas ligeras, bombas o misiles y otros productos militares de fabricación española. Las mismas fueron autorizadas por la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMMDU), el organismo encargado de analizar las solicitudes de exportación de armamento. Sus actas son secretas gracias a un acuerdo adoptado por el Gobierno de Felipe González en 1987.

La Policía colombiana está al servicio del Bloque de Poder Contrainsurgente. Se hace necesario y urgente el desmontaje de la Doctrina del “Enemigo Interno”. Esta exigencia se está haciendo un hueco en la lista de reivindicaciones sociales.

No será fácil, dada la dimensión del cinismo de los altos mandos de las Fuerzas Militares del Estado. El actual jefe del Ejército Nacional, Zapateiro decía: “Aquí está su comandante del Ejército, respondiendo por ustedes, y no se preocupen tenemos todas las filmaciones, tenemos minuto a minuto, segundo a segundo, día a día de lo que han hecho nuestros policías. La Policía Nacional de Colombia es la policía más entrenada y capacitada del mundo”.Dicho por uno de los generales con un pasado más oscuro, entre ellos su implicación en falsos positivos y algunas investigaciones en curso por definir, varias iniciadas por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Hoy la estrategia del Gobierno —del Bloque de Poder, en definitiva— es llevar a los dirigentes del paro, a los de las organizaciones políticas y sociales, a amplios sectores sociales, a un escenario de falsa negociación. Es claro que se trata de frenar las movilizaciones para en un plazo retomar la iniciativa e imponer, una vez más, sus visiones e intereses.

Las protestas siguen moviéndose ahora de manera “itinerante” por diferentes ciudades y tomando otro tipo de expresiones, por ejemplo, un gran protagonismo de los colectivos feministasy las organizaciones barriales.

Un problema grave serán los procesos que se anuncian para castigar a las personas movilizadas y sus dirigentes, a los de la primera línea y a los apoyos sanitarios y jurídicos, habrá que estar atentos a los posibles montajes judiciales.

Una parte de la sociedad reclama, además de las exigencias apuntadas, una demanda histórica: un Proceso Constituyente que ampare la salida política al largo conflicto existente.

* Asociación Jorge Adolfo Freytter Romero.