Lorenzo Gonzalo - Cubainformacion.- 8 de Julio del 2010 - Guillermo Fariñas estuvo 135 días en huelga de hambre. Para ponerle punto final a su decisión planteaba el gobierno cubano debía primero soltar a los presos políticos. Su pedido se refería básicamente a los enfermos. Aunque siempre estuvo alerta y con una conversación estructurada a veces sus planteamientos no resultaban muy obvios. De hecho el gobierno cubano puso en libertad a quienes padecían padecimientos delicados y Fariñas continuó su huelga.
La acción de liberar a determinados presos por razones de salud, fue la respuesta del gobierno a conversaciones que el gobernante cubano Raúl Castro sostuvo con la Iglesia Católica.El punto principal que dificultaba la conducta de Fariñas es que ningún gobierno ha accedido nunca a los pedidos de prisionero alguno salvo excepciones, donde lo solicitado sea factible y constituya un legítimo pedido. Otro aspecto que añade dificultades a una solicitud de esa naturaleza, es la tipificación que hace Cuba del tipo de delitos por el cual un reducido número de personas fueron condenadas hace unos años. Para Cuba, como para Estados Unidos, cualquier delito que atente de alguna manera contra los poderes del Estado, no son políticos. En relación al mencionado caso se comprobó que, de alguna manera, todos ellos estaban en comunicación con la Oficina de Intereses de Estados Unidos en Cuba, recibiendo ayudas e incluso de orientación. Estados Unidos es un país que se declaró enemigo de Cuba desde comienzos de los años sesenta y ha establecido organismos estatales orientados al derrocamiento del gobierno cubano. Un hecho insólito en las relaciones internacionales que poca o ninguna crítica recibe de otras naciones.
No obstante estas incidentales, las campañas mediáticas dificultan aún más la búsqueda de soluciones. En el caso de los presos y de la huelga de hambre de Fariñas, que en su punto culminante estuvo más cercana a un intento de suicidio que a una demanda política, la campaña logró acuñar dos aspectos: se trata de “presos de conciencia”, o sea estaban presos por lo que pensaban y no por lo que hicieron y las condenas además de injustas fueron excesivas. Esto tergiversa la realidad desde el punto de vista del gobierno cubano porque implica problemas semánticos e interpretaciones falsas de sus leyes.
En medio de este escenario, la Iglesia Católica que en los últimos años ha participado tenuemente en algunas cuestiones internas del país, ha dado un paso al frente y se ha dispuesto a conversar con las autoridades sin condicionamientos ni agendas.
Tradicionalmente esta Iglesia ha estado en contrapunteo con el gobierno. Se ha mostrado siempre poco inclinada a participar en las labores administrativas de su comunidad junto a las autoridades o instituciones estatales. Se ha mantenido al margen, haciendo críticas y alejada de las instituciones del país, con rechazos tan marcados a veces, que ha hecho pensar que le niega reconocimiento al gobierno y a las organizaciones que componen ese Estado.
La mayoría de las iglesias en Cuba, respondiendo a la estructuración políticos administrativa existente, participan de alguna manera y en una forma integrada, de la vida nacional. No integran el gobierno, pero se empeñan en acompañar a los miembros de aquella sociedad dentro de los cánones que la rigen, en aras de ser parte de una ciudadanía que en gran número constituye la feligresía de cada una de ellas. El Parlamento, por ejemplo, tiene representaciones de eclesiásticos y el Partido Comunista tiene un departamento que lidia con las iglesias. El gobierno se reúne con los representantes de las mismas, escucha las quejas y toma medidas en dependencia de las demandas que objetivamente el Estado considera susceptibles de atención o corrección, procediendo incluso a la creación de nuevas regulaciones cuando se estiman necesarias.
La Iglesia Católica no ha estado vinculada de la misma manera. Sin embargo, los nuevos pasos decididos por su jerarquía, hace pensar que hay un nuevo entendimiento y el deseo de desempeñar un mejor papel en el contexto social cubano. No hay dudas que cualquier participación en los aspectos sociales de un país, aun en aquellos considerados más “civilistas”, tienen que pasar en algún momento por las esferas políticas. La decisión de la Iglesia Católica muestra que existe una nueva disposición para desempeñar un rol más activo en este campo.
El gobierno cubano por su parte, parece que no quiere desaprovechar esta oportunidad y ha escuchado la preocupación de la Iglesia en relación a unas decenas de presos que algunas esferas internacionales consideran políticos. Esto le ha brindado al gobierno la oportunidad de incluir esta Iglesia en la participación de asuntos de interés nacional, al tiempo que por primera vez le conceden importancia al diálogo institucional desde una perspectiva que anteriormente estaba fuera de toda posibilidad. La Iglesia Católica a su vez gana espacio en una sociedad acostumbrada a lidiar con los problemas a través de instituciones estatales, gubernamentales o de tipo participativo. Por este camino la Iglesia se pone a la par con el papel que su institución juega en los países que practican la llamada “democracia representativa”. En este caso la Iglesia asumió la representación personal de las esposas de los presos, quienes son asiduas asistentes al culto de la misma.
Por otro lado, esto sucede en una época en que se viene desarrollando un proceso de revaloración de las estructuras e instituciones existentes en Cuba, las cuales se concibieron cuando el socialismo se imaginó como un fenómeno divorciado del capitalismo y no como una continuación orientada a la reestructuración de los mecanismos distributivos de la riqueza y a facilitar que, la inevitable concentración de los medios de producción, no interfiera con lo anterior y no le ponga obstáculos a las iniciativas personales. Ante un entendimiento semejante es necesario buscar la formación adecuada de nuevas estructuras, capaces de sostener el ritmo productivo y sin correr el peligro, de retornos inútiles a las deficiencias del modo de producción actual.
Lo sucedido en Cuba, en relación a los diálogos de la Iglesia Católica y el gobierno, es parte del proceso de reformas que está teniendo lugar, en un medio donde la lucha contra el dogmatismo, heredado de las incorrecciones soviéticas, están siendo abordadas con mucha ponderación y con sumo cuidado para no herir o apartar del proceso a ninguno de los miles y miles de pilares esenciales que hicieron posible la dura lucha de defender la soberanía del país de los ataques injustos de Estados Unidos.
De otra manera no puede entenderse el ambiente negociador que tiene lugar en estos momentos.
Como subproducto de este acercamiento institucional optado por la única Iglesia importante que aún se mantenía apartada del reconocimiento pleno del Estado y el gobierno cubanos, está la actitud de buena voluntad de España, presionando a sus pares europeos para eliminar la política llamada “posición común”. Esta política pretende exigir de Cuba la creación de un tipo de Estado similar al demandado por Estados Unidos, con irrespeto absoluto a su pleno derecho a la libre determinación.
Acceder a solicitudes de terceros no es ceder, sino el reconocimiento de que existen mejores avenidas o la necesidad de corregir errores.
Cuba, como lo hemos dicho otras veces, ha atravesado por muchos gobiernos aunque sus actores sigan siendo los mismos. En realidad lo que sucede es que los procedimientos son menos hipócrita que el de aquellos que se autonombran campeones de democracia. Lo que en realidad diferencia a un gobierno de otro no son las personas que lo dirigen sino las políticas que se aplican. En este sentido, si arañamos la superficie de esos gobiernos llamados “demócratas”, veremos que allí los autores no sólo son siempre los mismos por generaciones, sino que sus políticas no cambian en esencia, lo cual los convierte en dictaduras disfrazadas.
*Lorenzo Gonzalo: periodista cubano residente en Miami y sub director de Radio Miami
