Cubainformación.- A mediados de febrero será celebrado, en Madrid, el juicio por la querella criminal presentada por la organización “anticastrista” Prisoners Defenders contra el coordinador de Cubainformación, José Manzaneda, y contra Euskadi-Cuba, asociación que, hasta 2020, fue propietaria legal del sitio web www.cubainformacion.tv, a raíz del contenido de un trabajo periodístico. La acusación particular solicita una condena de seis años de cárcel y una indemnización de 50 mil euros.
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Persecución judicial contra Cubainformación y Euskadi-Cuba (todos los materiales)
¿Encarcelar el periodismo crítico de Cubainformación y la cooperación solidaria de Euskadi-Cuba?
Cubainformación
A mediados de febrero, en Madrid, se celebrará el juicio contra José Manzaneda, coordinador del medio Cubainformación, y contra la representación legal de la asociación Euskadi-Cuba, entidad que, hasta el año 2020, ostentó la propiedad del dominio www.cubainformacion.tv, debido a una querella criminal por injurias, calumnias y delito de odio, presentada por el presidente de la organización “anticastrista” PrisonersDefenders, que solicita una condena de seis años de cárcel y una indemnización de 50 mil euros, por el contenido del reportaje “Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica”.
Cubainformación publicó este trabajo en octubre de 2020. En él, describía el trabajo de Prisoners Defenders, en coordinación con el Departamento de Estado del Gobierno de EEUU, en el intento de destrucción de los convenios de cooperación médica solidaria de Cuba en numerosos países. Uno de los objetivos sería, explica el reportaje, aplicar el bloqueo económico contra la Isla en el campo sanitario, cortando los ingresos que obtiene su Ministerio de Salud Pública por los acuerdos médicos en algunas naciones –solo en algunas, ya que, en las más pobres, La Habana asume todos los gastos de la cooperación-, y que sirven para sostener, en un escenario de agudas sanciones de Washington, parte del sistema sanitario público interno de la Isla. El actual desabastecimiento de medicamentos y material sanitario en Cuba sería una causa directa de ello.
Bloqueo contra Cuba: acto de guerra
Numerosas fuentes jurídicas y académicas califican el bloqueo de EEUU contra Cuba como un “acto de guerra”. En noviembre de 2023, en Bruselas, un Tribunal Internacional, de carácter simbólico, calificó a este bloqueo, en su veredicto, como un “crimen contra la humanidad” que “ha provocado ya, directa e indirectamente, la pérdida de numerosas vidas humanas”.
Por su participación directa en el bloqueo, por su justificación pública en los medios de comunicación y por su trabajo de lobby en favor de su extensión, mediante “sanciones”, a países de la Unión Europea, el trabajo afirmaba, en su primera versión, que quien preside PD es, “como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra”.
Alfred-Maurice de Zayas, quien fuera experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirma que quienes llevan a cabo este bloqueo, sean del Gobierno de EEUU o de las organizaciones que lo apoyan, son “criminales de guerra”, a falta de “una verdadera Corte Penal Internacional” que juzgue sus crímenes.
Quien lea o escuche el trabajo entiende que la expresión es una hipérbole periodística referida a “criminales de la guerra contra la cooperación médica” o “de la guerra económica” contra Cuba, y no de una guerra militar declarada. En todo caso, la expresión, ajena al estilo habitual, más medido, del medio, fue retirada al de unos días, en una de las revisiones habituales de redacción. Sin embargo, para nuestra sorpresa, una semana más tarde, recibíamos un burofax anunciando el inicio de la querella, centrada en esa frase.
Fondos europeos para “desestabilizar Europa y España”
Admitida a trámite la querella, medios como ABC, El Correo o El Nuevo Herald publicaron partes de una nota de prensa de Prisoners Defenders, que afirmaba, entre otros disparates, que la ONGD Euskadi-Cuba recibe “fondos europeos (…) para minar instituciones y desestabilizar (…) Europa y España”. Sin más comentarios.
Esta querella ataca a una organización y a un medio de comunicación del Movimiento Internacional de Solidaridad con Cuba, buscando herir económicamente tanto la cooperación al desarrollo que desarrolla Euskadi-Cuba como, principalmente, censurar la voz crítica e incómoda de Cubainformación.
Pero no lo van a conseguir. Seguiremos denunciando el bloqueo contra Cuba como un crimen de guerra y apoyando al pueblo cubano con toda la solidaridad posible. Una solidaridad que Cubainformación y Euskadi-Cuba necesitarán en los próximos meses, frente a lo que, en nuestra opinión, es un ataque a la labor de cooperación y a la libertad de prensa.
Nota del abogado defensor Endika Zulueta en relación al próximo enjuiciamiento contra la libertad de expresión en Madrid
Endika Zulueta
El día 5 de octubre de 2020, en la web www.cubainformacion.tv (titularidad en ese momento de la Asociación Euskadi-Cuba), el periodista José Manzaneda publicó un artículo titulado “Crear una crisis sanitaria en Cuba, objetivo de la guerra contra su cooperación médica”, en dicho artículo, entre otras consideraciones, señalaba lo siguiente: “Javier Larrondo miembro de una de las familias de la burguesía cubana amparada por la dictadura de Fulgencio Batista es, como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra. Y como tal debería ser tratado” (expresión suprimida de la web el día 13 de octubre de 2020).
Javier Larrondo es una persona que ejerce una actividad política pública en su calidad de presidente de la ONG “Prisoners Defender”, especialmente crítico con la cooperación médica de Cuba.
Es obvio que la expresión “criminal de guerra”, en relación con el título del artículo, implica la “guerra contra la cooperación médica” que desarrolla el Gobierno cubano, y en modo alguno guarda relación con los crímenes de guerra realizados en el contexto de un conflicto armado, https://es.wikipedia.org/wiki/Crimen_de_guerra
En la vista del mes de febrero, la acusación particular ejercida por el Sr. Larrondo. solicita las penas de 6 años de prisión y multa de 26 meses -15.600 euros- (13 meses de prisión en caso de impago) y una indemnización de 50.000 euros, al considerar tanto al periodista como a al representante legal de la web responsables de delitos de injurias graves, calumnias graves y de incitación al odio, para cada uno de los acusados.
Tanto el Ministerio Fiscal, como la defensa, solicitan la absolución al considerar que los hechos no constituyen delito alguno.
CONSIDERACIÓN DEL ENJUICIAMIENTO. – No solo nos parece que obvio que, al igual que al M.F., los hechos no constituyen delito alguno, sino que lo que es una paradoja que el presidente de una Asociación que dice defender DD.HH. pretenda, no solo criminalizar la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad ideológica, sino que solicita el ingreso a prisión durante más de 6 años a quienes simplemente legítimamente discrepan de determinada práctica política en un artículo periodístico.
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