Se ha dado el poder de decisión a representantes de los ministerios respectivos, pero no parece que las organizaciones campesinas y gobiernos locales compartirán ese poder. Y aún si estos pudieran participar en la toma de esas decisiones, la gente sólo se va a sentir tomada en cuenta si sus representantes realmente responden a sus intereses y preocupaciones. Similarmente, se ha hablado de dar más poder de decisión o "autonomía" a las empresas, pero sin una democratización de la administración de las empresas, ello solo se va a convertir en más poder de decisión para los gerentes de las empresas y no de los trabajadores.

Comparto plenamente con ustedes también el argumento medular de que las relaciones entre los miembros de una sociedad socialista se deberían caracterizar por que todos controlen o autogestionen las riquezas de la sociedad y tengan así oportunidad de desarrollar plenamente sus capacidades. El control de la sociedad sobre sus recursos que debe caracterizar a una sociedad socialista (la llamada "propiedad social") no puede existir o ser realmente "social" sin que se establezcan relaciones autogestionarias desde lo local hasta lo nacional: todos los miembros de la sociedad deben participar directamente mediante asambleas y plebiscitos o indirectamente mediante sus representantes en la toma de decisiones que les afecten. Por eso, yo habría puesto más énfasis en que la toma democrática de decisiones tanto económicas como políticas es la esencia de las relaciones sociales socialistas.

Me gustaría precisar por qué me parece que el término relaciones u organizaciones "autogestionarias" es más acertado que "cooperativas-autogestionarias" y evita la confusión que resulta de incluir el adjetivo "cooperativas". El calificativo "autogestionaria" indica en su mismo nombre que son los mismos miembros de las organizaciones los que toman las decisiones pertinentes a su gestión/administración. El adjetivo "cooperativa" significa que se caracteriza por la cooperación o accionar conjunto basado en la solidaridad. Esto es positivo y sin duda debe caracterizar toda relación y organización que sea realmente autogestionaria. Pero la palabra "cooperativa" es para muchos sinónimo más de propiedad legal colectiva que autogestión, aunque en realidad no es más que un tipo de autogestión y hay cooperativas que tienen sus medios de producción en usufructo.

Y hago esta precisión no por una cuestión de semántica, sino porque es aquí donde está mi mayor desacuerdo con la propuesta. No estoy de acuerdo con la concepción de empresa "autogestionada" propuesta donde los medios de producción deben ser de propiedad legal del colectivo de trabajadores. Pienso que nuestro objetivo final no es que las empresas sean de propiedad legal colectiva de sus trabajadores sino que la administración o gestión de las empresas, tengan la propiedad legal que tengan, sea realmente democrática: que los trabajadores sean los que las administren directamente cuando son pequeñas o mediante sus representantes cuando se haga necesaria la representatividad. Lo más importante es el control de la toma de decisiones (la propiedad de facto) y no necesariamente la propiedad legal de las empresas. Un contrato de usufructo (donde la propiedad legal quede en manos del gobierno local, regional o nacional) puede garantizar a los trabajadores su control sobre la gestión si los propietarios de los medios de producción están dispuestos a ello y/o si se definen leyes que les obliguen a ello.

Mi oposición a conceptualizar a toda empresa autogestionada como una donde la propiedad legal de los medios de producción pertenece al colectivo de trabajadores se debe también al riesgo que engendra para la sociedad ceder totalmente el control sobre algunos medios de producción (las edificaciones, maquinarias y tecnologías que forman parte de las empresas) a grupos de trabajadores que pueden no tener en cuenta los intereses del resto de la sociedad. En mi opinión, lo más prudente y eficaz para garantizar que se satisfagan las necesidades de la sociedad es que las empresas que sean consideradas importantes (por la medida en que la actividad económica que realizan responde a necesidades sociales básicas o priorizadas, o el costo de su maquinaria y tecnología) sean propiedad legal estatal del gobierno local, regional o nacional (dependiendo del alcance de la actividad que realicen) en donde ellas se encuentren; y que el gobierno correspondiente las entregue a colectivos de trabajadores bajo contratos de usufructo que establezcan el derecho del colectivo a autogestionar y la responsabilidad de utilizar los medios de producción de forma efectiva y eficiente. Que la propiedad sea estatal permite que, si un colectivo de trabajadores no cumple con su responsabilidad establecida en el contrato de usufructo de producir lo necesario, el gobierno pueda asignar esa empresa a otro colectivo de trabajadores más capaz mediante un proceso de evaluación transparente y justo.

Por supuesto que hay empresas que realizan actividades como servicio gastronómico, recreativo, de reparaciones, etc. que no son importantes (no responden a necesidades básicas o priorizadas y no utilizan medios de producción costosos) y no causarían mucho daño a la sociedad si sus colectivos de trabajadores no cumplieran con lo que de ellas se espera. Estas empresas en mi opinión deberían ser de propiedad colectiva, familiar o individual, pues los gobiernos locales se deben concentrar en controlar el uso y mantenimiento correcto sólo de aquellos medios de producción que sean importantes; y se pueden establecer mecanismos de regulación y planificación o coordinación democrática para guiar las actividades de estas empresas.

Los gobiernos locales deben poder decidir el tipo de propiedad legal más adecuado para cada una de las empresas en su territorio que no tengan un alcance territorial mayor: mantener la propiedad legal y entregarla en usufructo, o traspasarla a los colectivos de trabajadores, familias o individuos (estos dos últimos para empresas pequeñas) que las compren a crédito o les sean cedidas sin pago. Los gobiernos locales deberían permitir y registrar la creación de nuevas empresas de propiedad colectiva, familiar o individual siempre que no vaya contra intereses sociales. Todas las empresas, sean de la propiedad legal que sean, deberían ser autogestionadas lo más posible: que sean los propios trabajadores los que tomen las decisiones de la forma más democrática posible. Es necesario crear mecanismos de supervisión para asegurar que los trabajadores puedan ejercer los derechos que les corresponden y que no se emplee trabajo asalariado que no sea temporal.

Con lo otro que no estoy de acuerdo es con el mecanismo que se propone para garantizar que las empresas estratégicas o "cogestionadas" respondan a intereses sociales. En mi opinión, no es necesario ni suficiente (y podría ser contraproducente e insostenible como lo demuestra la experiencia alemana de cogestión) que los trabajadores de esas empresas compartan la gestión con representantes estatales. Lo más acertado en mi opinión es que se mantenga la propiedad legal estatal como expliqué anteriormente y, sobre todo, haya una coordinación o planificación democrática entre las empresas y los que se ven afectados por su actividad.

Concluyo, aunque hay otros detalles con los que no estoy de acuerdo (y por eso no firmo la propuesta), con un comentario táctico: Para que sea posible cambiar leyes y políticas públicas que permitan (y ojalá promuevan) la substitución gradual de las relaciones asalariadas por las autogestionarias en nuestro sistema económico y político, debemos convencer a una "masa crítica" sobre la necesidad y potencialidades de la autogestión. Los que estamos convencidos que los cubanos sí somos capaces de autogestionar nuestras empresas y comunidades de forma responsable y solidaria (coordinando con otros de manera que se tengan en cuenta los intereses de toda la sociedad) debemos desmentir el argumento de que nuestra propuesta es utópica, imposible de lograr. Debemos demostrar que el establecimiento de la autogestión en un colectivo de trabajadores, comunidad, sector económico o territorio, si bien inicialmente difícil de organizar, no tiene por qué ser un proceso caótico, sobre todo teniendo en cuenta la alta disciplina y conciencia social que caracteriza a la mayoría de los cubanos y la gran cantidad de cuadros y líderes revolucionarios con los que contamos. Tenemos sin embargo que estar concientes que lo que estamos proponiendo realmente no se ha hecho anteriormente en la historia y vamos a encontrar muchas aprensiones e incredulidad. Por otro lado, tenemos la experiencia cercana de las cooperativas, empresas socialistas, y consejos comunales en Venezuela que, además de darnos muchas lecciones de cómo hacerlo mejor, nos muestran que sí es posible que los trabajadores y comunidades se autogestionen.

Ustedes han hecho grandes aportes discutiendo estos temas y atacando prejuicios que hay contra la autogestión, pero aún queda mucho por hacer sobre todo en cuanto a debates públicos donde las personas puedan expresar sus dudas y aclarar sus ideas. Yo estaría dispuesta a contribuir a ese esfuerzo.

Respuesta al documento , de Pedro Campos y varios compañeros