Venus Carrillo Ortega - AIN.- Tras décadas de entender la inversión extranjera como un complemento a los esfuerzos nacionales, Cuba está convencida del carácter prioritario que debe tener hoy el capital foráneo en sectores clave para dinamizar el desarrollo económico y social del país.

Así se refrendará el próximo día 29, cuando los 612 diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) sometan a aprobación el Anteproyecto de Ley de la Inversión Extranjera, una de las medidas más esperadas por empresarios con interés en negociar con la Isla.

De ser aprobada, esta sustituye a la actual Ley 77, vigente desde 1995, y que para algunos expertos ya no se adecua a las urgencias económicas de la nación antillana y sus proyecciones futuras, enfocadas en reanimar la industria y ganar competitividad en el mercado internacional con las producciones locales.

Para ello, resulta indispensable el acceso a apoyos financieros, tecnologías de avanzada y modos de hacer y operar (know-how), en función de recapitalizar sectores afectados duramente por la crisis de los años 1990, y hacer frente a la depreciación que han sufrido con el tiempo.

De ahí, la necesidad de instaurar un marco regulatorio verdaderamente atractivo para que inversionistas de otros países participen en áreas priorizadas como la agroindustria, el turismo, la biotecnología, y la energía renovable, que -según se informó- esta ultima demanda unos tres mil millones de dólares para su desarrollo.

Sobre la normativa que por estos días se analiza en las asambleas provinciales, Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, aseguró que lejos de significar un retroceso o una venta del país, las modificaciones ofrecerán mayores incentivos.

A grandes rasgos, la nueva Ley propone más flexibilidad aduanal, garantías a los inversionistas en casi todos los sectores de la economía nacional, y agilidad en cuanto a la documentación requerida para las contrataciones.

La legislación, que se anunció desde mediados de 2012, permitirá establecer una cartera de proyectos más diversa para promover las oportunidades de negocio en áreas de interés nacional.

Mediante la aprobación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM) en septiembre de 2013, Cuba dejó claro su interés de atraer inversiones extranjeras, política que debe complementarse ahora con normativas acordes con la actual coyuntura económica.

A pocos días de que sea discutida por el Parlamento, muchos esperan que la nueva Ley tenga que ver con un grupo de aspectos, como la incorporación de otras formas de inversión extranjera, entre estas, las franquicias, los proyectos para la construcción, operación y posterior transferencia de la propiedad; los holdings y la ampliación de las zonas francas.

Expertos como José Luis Rodríguez, del Centro de Estudios de la Economía Mundial, subrayan además como necesario flexibilizar el régimen de contratación de fuerza de trabajo, utilizando una política salarial y fiscal más adecuada para ello.

Estudiar el tratamiento que deben tener las remesas en calidad de financiamiento externo al sector privado, y definir una política relacionada con estos flujos de capital en función de la inversión extranjera, figura igualmente entre los asuntos que suscitan mayor interés.

Cuba a punto de estrenar nueva Ley de Inversión Extranjera

Laura Howland - Cuba Contemporánea.- Calificada como más completa, moderna y transparente, la nueva Ley para la Inversión Extranjera, en proceso final de aprobación, definirá mejor una serie de incentivos y bonificaciones, no solo en materia fiscal o aduanal, sino también en las modalidades en que se podrá invertir en el país, con el fin de fomentar el desarrollo económico.

Por estos días, el documento es objeto de análisis preliminar en asambleas de diputados por provincias y con carácter de anteproyecto será presentado en sesión extraordinaria del Parlamento cubano, convocada para el 29 de marzo en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Entre las novedades que se anuncian como parte del nuevo texto jurídico, señalan el reforzamiento de las garantías a los inversionistas, la agilidad de los procesos y mayor flexibilidad que su predecesora, la Ley 77, en lo referente al tema impositivo y al régimen de contratación de personal.

Se crea, pues, un escenario de facilidades e incentivos para atraer el capital foráneo, que tiene en cuenta cuáles resultan las prioridades en materia de desarrollo en cada sector en los que se podrá invertir sobre la base de la protección medioambiental y el uso racional de los recursos naturales, con énfasis en un progreso sostenible.

Según lo previsto en el anteproyecto, la normativa está en correspondencia con la actualización del modelo económico cubano, y se han considerado, para no repetirlos, errores cometidos en el pasado en el tratamiento a las inversiones foráneas, al tratar que la nueva Ley nazca con todo el rigor y fundamento legal posible.

Algunas de las preocupaciones más recurrentes señaladas en esta etapa de análisis y discusión del texto se centran en las particularidades sobre el régimen laboral y la protección a los trabajadores, el aporte tributario, las modalidades y vigencia de probables negocios, el papel de cada territorio en función del desarrollo local y la salvaguarda del patrimonio nacional.

Más que complemento

La Mayor de las Antillas tiene la imperiosa necesidad de atraer inversión extranjera en interés de dinamizar el desarrollo del país. Se trata de asumirla de una manera diferente, pues en los últimos años ha sido apenas un complemento de la economía, y urge reconocer su papel estratégico en el avance de disímiles sectores y ramas.

La afirmación tiene que ver con que lo más común para reforzar la importancia de la Inversión Extranjera Directa (IED) en países receptores, como Cuba, son criterios ya sacralizados: la generación de empleo, el aumento de la productividad y la competitividad, la transferencia de tecnologías de punta, la promoción de exportaciones y la facilitación del acceso a mercados internacionales y a fuentes de recursos financieros.

Otros elementos que hacen atractiva la inversión extranjera son el acceso a tecnologías, la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, la sustitución de importaciones, el financiamiento externo, la creación de Zonas Especiales de Desarrollo y el establecimiento de empresas y alianzas en el exterior.

Aunque hay cierta coincidencia en las actividades que deben quedar reservadas a la inversión pública, entre estas el comercio minorista, la educación y servicios básicos de salud, la seguridad nacional y el orden interior (más otros que se determinen), lo cierto es que se espera la incorporación de algunos que pudieran muy bien hacer florecer prósperos negocios con la participación de capital extranjero, tal como ocurre con la producción azucarera y sus derivados, donde ya se materializa este propósito.

Hoy se ha señalado el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todas las esferas de la economía, especialmente en las relacionadas con la industrialización y la producción de bienes, que también pudieran resultar muy convenientes a una parte del capital nacional privado y cooperativo, pues en pocos años se espera que alrededor de 40 % del empleo en Cuba esté vinculado al sector no estatal.

Esperemos que no queden muchos eslabones por pulir en la larga cadena que compone la nueva Ley –sustituta de la 77 de 1995–, y sean para siempre cosas del pasado los problemas con los canales de distribución, los niveles de contratación, los estudios de factibilidad y riesgos, o con la agilidad en el despacho o tránsito mercantil, en pos de mayor eficiencia y competitividad en el proceso inversionista.