Observatorio Seamos Libres - Rebelión.- La inseguridad jurídica generada por leyes norteamericanas que afectan la propiedad intelectual continúa perjudicando a las economías de los países en desarrollo, especialmente desde el año 1995, con la adopción de los denominados acuerdos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC): Cuba continúa reclamando sus derechos sobre la marca de ron “Havana Club” frente a la transnacional Bacardí.
El ron con la etiqueta Havana Club fabricado por esta empresa es una vulgar “falsificación” y un “pirateo” de la marca perteneciente a la República de Cuba, de acuerdo a lo expresado por bufetes de abogados y oficinas de propiedad industrial latinoaméricas.
Estados Unidos aplica la “Sección 211” que impide el registro de signos distintivos pertenecientes al Estado Cubano en la oficina de marcas y patentes (USPTO) de Estados Unidos; en consecuencia, la compañía Bacardí esta autorizada por el gobierno yanqui poner a la venta un ron con la marca cubana HAVANA CLUB.
El representante cubano en Ginebra expresó semanas atrás que “los Estados Unidos debe derogar de forma inmediata la Sección 211” luego de haber pasado por un largo proceso en el cual la Organización Mundial de Comercio (OMC) falló a favor de los reclamos de la isla caribeña.
En una intervención ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC, el ministro consejero de Cuba en Ginebra, Jorge Ferrer, hizo un análisis técnico del doble discurso de Washington en torno al tema.
El diplomático cubano recordó que el Órgano de Apelación, instancia final de la etapa jurisdiccional, constató en un informe de 2002 que la Sección 211 -que cumple 10 años de promulgada en octubre- es incompatible con los principios del sistema mundial de comercio pregonado por los mismos Estados Unidos.
Así mismo, este país impulsa actualmente un acuerdo internacional contra la falsificación de productos (ACTA) con el que intenta aumentar penas y multas para quienes se apropien de marcas de terceros sin la autorización de su titular, criminalizando o tomando represalias contra gobiernos de países en desarrollo.
La actitud del gobierno de los Estados Unidos y los bufetes de abogados representantes de empresas transnacionales (quienes no parecen considerar la confiscación de la marca cubana como un acto de falsificación) promueven la inestabilidad del sistema marcario internacional y ponen en cuestionamiento las políticas mundiales de propiedad intelectual.
